Por Starling Villar
Klebsiella: una bacteria que no perdona Klebsiella pneumoniae es una bacteria que habita normalmente en el intestino humano sin causar daño. Pero cuando encuentra un huésped vulnerable —un recién nacido prematuro, un paciente con defensas bajas— se convierte en un depredador implacable. Su arma más temible es la resistencia múltiple a los antibióticos, la cual convierte infecciones tratables en sentencias de muerte.
Entre julio y agosto de 2026, esta bacteria se cobró la vida de tres neonatos en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. El brote afectó a 15 bebés; ocho permanecieron ingresados y cuatro lograron ser dados de alta. Las víctimas eran prematuros de entre 25 y 32 semanas de gestación, según autoridades del Servicio Nacional de Salud (SNS).
Pero el dato más alarmante es que 31 recién nacidos fallecieron en ese centro durante el mismo período. La bacteria Klebsiella y su compañera Serratia fueron detectadas en áreas críticas: cisternas, bloques quirúrgicos, perinatología y cuidados intensivos, de acuerdo a investigaciones preliminares. No fue un accidente aislado: el Hospital Regional Taiwán de Azua presentó una contaminación similar con Escherichia coli y Pseudomonas en pediatría, cocina y hemodiálisis. Dos hospitales, dos provincias, un mismo patrón: fallas sistémicas en el control de infecciones y en la infraestructura de agua potable.
La responsabilidad penal bajo el nuevo Código Aquí entra en juego el nuevo Código Penal (Ley 74-25). Este marco legal introduce un cambio de paradigma: los centros de salud ahora pueden ser penalmente responsables por fallas en supervisión y control. Ya no solo responde el médico tratante; también la institución y la directiva que incumple sus deberes de vigilancia.
Las sanciones para las personas jurídicas incluyen multas de hasta 1,500 salarios mínimos (aproximadamente RD$97.5 millones), clausura temporal o definitiva, e incluso disolución judicial. Para evadir estas consecuencias, las instituciones deben implementar programas de cumplimiento penal (compliance) que incluyan identificación de riesgos, auditorías internas y capacitación continua.
En el caso de la Maternidad La Altagracia, la vicepresidenta Raquel Peña ordenó una investigación para determinar si se cumplieron los protocolos de prevención y control de infecciones. Las sociedades de Neonatología, Pediatría e Infectología solicitaron una comisión técnica independiente para auditar las causas clínicas y administrativas de los decesos. Como sociedad y academia, aún estamos a la espera de los resultados.
El microbiólogo como puente entre ciencia y justicia Como microbiólogo y estudiante de Derecho, observo que este caso revela la urgencia de integrar dos disciplinas que suelen caminar separadas. La microbiología puede identificar la bacteria, rastrear su origen y proponer protocolos de desinfección. El Derecho, por su parte, debe exigir responsabilidades y establecer mecanismos de prevención.
El artículo 112 del nuevo Código Penal establece que la muerte de un paciente por negligencia médica podría conllevar penas de 2 a 3 años de prisión bajo la figura de homicidio culposo. Pero la simple producción de un resultado adverso no configura delito por sí sola; se requiere un peritaje técnico que demuestre una infracción grave y la violación de protocolos.
Reflexión final desde el laboratorio Como microbiólogo, quiero decir algo que duele, pero es cierto: Klebsiella no es la culpable. Es la mensajera. La bacteria solo hace lo que los microorganismos hacen: colonizar, crecer y sobrevivir. La culpa no es del microorganismo; es nuestra, de quienes permitimos que las cisternas no se limpien, que los filtros de agua no se cambien, que los protocolos de lavado de manos se ignoren y que las unidades de cuidados intensivos neonatales operen sin el monitoreo microbiológico adecuado.
En mis años de formación y práctica universitaria, he aprendido que un brote no comienza de manera aislada. Comienza en la tubería oxidada, en el jabón que no se usa, en el hisopo que no se toma, en el informe que no se lee. La microbiología tiene las herramientas para prevenir estas tragedias: cultivos periódicos de superficies y agua, identificación de cepas y vigilancia epidemiológica continua. Pero esas herramientas son inútiles si no hay voluntad institucional para usarlas y, sobre todo, si no hay consecuencias legales cuando se ignoran los procedimientos.
El nuevo Código Penal representa una oportunidad histórica para que la ciencia y el Derecho caminen juntos. Los microbiólogos debemos asumir nuestro rol no solo como técnicos de laboratorio, sino como centinelas de la salud pública, capaces de traducir el lenguaje de las bacterias al lenguaje de los tribunales. Y los abogados deben entender que detrás de cada artículo del Código hay una realidad microbiológica que no admite interpretaciones: una bacteria no negocia, no espera, no perdona.
La muerte de esos tres neonatos no fue un acto de mala suerte. Fue el resultado de un sistema que falló en su deber más elemental: proteger la vida. Como microbiólogo, me corresponde decir: esto pudo evitarse. Y como futuro abogado, me corresponde exigir que no vuelva a repetirse.
AUTOR
Starling Villar es científico y microbiólogo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta con una especialidad en Calidad, Seguridad Alimentaria, Dietética y Nutrición. En la actualidad, cursa la Licenciatura en Derecho en la Universidad de Santo Domingo Norte (UNISNORTE).
Además, posee una habilitación en Pedagogía y Docencia Universitaria por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Es miembro de la Carrera Nacional de Investigadores (CNI) y auxiliar de investigación en el CIBIMA-IBC.
Sus áreas de interés incluyen el Derecho Alimentario, la Microbiología de Alimentos y la Filosofía de la Ciencia.
