Por Erik Sandoval
Hay lecciones que pueden enseñarse en un aula; otras, en cambio, solo se comprenden después de haber atravesado el fuego.
Desde hace ya un tiempo que soy bombero voluntario en la estación de mi comunidad. Y dentro de la formación de un bombero existe un atributo que considero aplicable mucho más allá de una estación, una emergencia o un incendio: Aprender por experiencia.
En nuestro entrenamiento comprendemos que cada emergencia deja una enseñanza. Después de una intervención no basta con guardar las mangueras, limpiar los equipos y regresar al cuartel. Hay que recordar que funcionó, qué pudo hacerse mejor, qué decisión ahorró segundos y cuál pudo haber puesto una vida en peligro. El incendio termina, pero la lección debe permanecer.
Porque la experiencia, por sí sola, no garantiza sabiduría. La verdadera experiencia comienza cuando somos capaces de analizar lo vivido y modificar nuestra conducta a partir de ello.
Un bombero que entra dos veces a una estructura de la misma manera, después de haber descubierto en la primera ocasión que su procedimiento era incorrecto, no está acumulando experiencia; está acumulando años y son cosas distintas.
Pero esto no es solo en el ámbito bomberil, los buenos gerentes, los buenos directores, los administradores suelen elaborar periódicamente documentos y/o reuniones que se llaman “Lecciones Aprendidas” que consiste básicamente en los mismo, como su nombre lo indica; reconocer, documentar y guardar para corrección o implementación las lecciones que se prendieron en algún trabajo o proyecto específico.
Esta misma metodología de dirección y administración debería poder utilizarse en uno de los lugares donde aprender resulta más costoso, pero también más necesario: La administración pública dominicana.
Gobernar también debería ser un proceso permanente de aprendizaje.
Cada institución pública administra algo que pertenece a todos: recursos, tiempo, confianza y oportunidades. Por eso, cuando una política fracasa, una institución muestra deficiencias importantes o una administración recibe cuestionamientos serios, el Estado debería hacer algo parecido a lo que hacemos los bomberos después de una emergencia: investigar, documentar, corregir y, sobre todo, evitar repetir las condiciones que produjeron el problema.
Sin embargo, nuestra historia administrativa ofrece episodios en los que resulta legítimo preguntarnos si realmente hemos aprendido de la experiencia.
Durante el primer período del presidente Luis Abinader, por ejemplo, se produjeron numerosos cambios de funcionarios. Un recuento publicado por Diario Libre en julio de 2024 señaló que al menos 34 funcionarios habían sido destituidos en medio de situaciones relacionadas con problemas judiciales, escándalos administrativos o cuestionamientos gerenciales.
El dato, por sí solo, no demuestra fracaso gubernamental. De hecho, destituir a un funcionario cuando existen razones suficientes puede ser precisamente una forma de corregir. El problema comienza cuando la administración pública cambia nombres sin transformar los mecanismos que permitieron que apareciera el problema.
Un ejemplo interesante apareció en agosto de 2025. El Poder Ejecutivo realizó cambios en instituciones que habían sido objeto de cuestionamientos. Entre ellas estuvo el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), institución en la que anteriormente habían surgido controversias relacionadas con procesos de contratación. En 2021, Cecilio Rodríguez había sido destituido de su dirección después de denuncias y de un informe que, según reportes de prensa, identificaba fallas importantes que requerían cambios significativos.
Años después, en 2025, la Dirección General de Contrataciones Públicas volvió a cuestionar procesos del INABIE y anuló 25 adjudicaciones vinculadas con la adquisición de calzado escolar por vicios de procedimiento.
¿Qué aprendió la institución entre una crisis y la siguiente?
Porque aprender por experiencia institucional significa que un problema ocurrido en 2021 debería dejar controles suficientemente fuertes para reducir la posibilidad de encontrar problemas semejantes cuatro años después.
Existe otra práctica que merece reflexión: la rotación de funcionarios entre instituciones.
En enero de 2026, legisladores de oposición criticaron cambios realizados por el Poder Ejecutivo alegando que algunos representaban simplemente movimientos de funcionarios de una institución hacia otra. Es importante precisar que esas expresiones constituyen valoraciones políticas de la oposición y no hechos judicialmente establecidos. Sin embargo, el debate que provocaron resulta válido: ¿debería una nueva designación considerar de manera sistemática los resultados obtenidos por el funcionario en su responsabilidad anterior?
La respuesta debería parecer obvia.
En cualquier organización seria, antes de promover a una persona se revisan sus indicadores, resultados, competencias y antecedentes de gestión.
El Estado no debería exigir menos rigor que una empresa privada.
Incluso encontramos situaciones recientes que invitan a ese análisis. En agosto de 2025, Adolfo Pérez pasó de dirigir PROMESE/CAL a encabezar el INABIE.
Su llegada ocurrió después de que su gestión anterior hubiese recibido críticas públicas por denuncias de desabastecimiento de medicamentos; periodistas del Listín Diario habían constatado faltantes en varias Farmacias del Pueblo visitadas en Santiago.
Esto no significa afirmar que Pérez cometiera una ilegalidad ni que fuera personalmente responsable de cada deficiencia denunciada. Significa algo más importante para esta reflexión: Un traslado de esa naturaleza debería venir acompañado de una evaluación pública y objetiva de la gestión anterior.
¿Qué indicadores mejoraron? ¿Cuáles empeoraron? ¿Qué metas fueron cumplidas? ¿Qué errores fueron identificados? ¿Qué aprendió el funcionario de ellos?
La administración pública debería poder contestar esas preguntas antes de entregar una nueva responsabilidad. De lo contrario, corremos el peligro de convertir la experiencia en antigüedad y la rotación en sustituto de la evaluación.
Los recientes cambios de la administración pública realizados este pasado 16 de agosto y en los días subsiguientes son un buen ejercicio para medir y utilizar los criterios que ya hemos analizado acá.
Aprender por experiencia, no es saltar de institución en institución… Es tener un prontuario que pueda asegurarle al pueblo dominicano que ese servidor público llevara soluciones a la institución a donde va.
Erik Sandoval cursa Ingeniería Industrial y cuenta con experiencia en el sector eléctrico, la gestión de riesgos y la seguridad y salud en el trabajo. Ha ejercido la docencia en informática y electricidad básica, y ha complementado su formación con estudios en gestión de proyectos, análisis de datos, calidad e inteligencia artificial. Sus intereses se centran en la divulgación científica, la sostenibilidad y el análisis de temas de impacto público.
