Por Helena Robles
La renuncia de Milton Morrison a la Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) deja abierta una agenda de reformas que buscaban transformar la gestión del tránsito y el transporte en la República Dominicana. Su salida se produce cuando varios de esos proyectos permanecen en distintas fases de implementación y otros continúan pendientes de decisiones administrativas y legislativas.
La transición ocurre en un momento en que el organismo mantiene abiertos varios proyectos considerados estratégicos para la gestión del tránsito y la seguridad vial. Entre ellos figuran la propuesta de reforma de la Ley 63-17, la implementación del casco homologado para motociclistas, la inspección técnica vehicular y la modernización del sistema de control del tráfico en el Gran Santo Domingo.
Al anunciar su renuncia, describió al INTRANT como una “papa caliente”, una expresión con la que resumió las presiones que, a su juicio, enfrentó la institución para impulsar cambios en un sector donde convergen operadores privados, sindicatos, organismos de fiscalización y distintas entidades del Estado.
Esa visión también quedó reflejada en una de las frases que más repitió durante su administración: el problema del tránsito dominicano no se resolverá únicamente con campañas de educación vial, sino con la aplicación efectiva de la ley. “La gente tiene que sentir que cuando comete una falta tiene que pagar por eso”, sostuvo al defender un régimen sancionador más estricto para las infracciones que generan mayor riesgo en las vías.
Sin embargo, Morrison también insistió en una limitación que acompañó buena parte de su gestión. El INTRANT, recordó en múltiples ocasiones, es el órgano rector de la política pública de movilidad, pero no posee facultades directas para imponer multas. Esa responsabilidad corresponde a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), mientras que la persecución judicial recae sobre el Ministerio Público. Para el funcionario, esa distribución de competencias dificulta la ejecución coherente de la política de tránsito y hace necesaria una revisión del modelo establecido por la Ley 63-17.
Precisamente esa reforma legal constituye uno de los principales expedientes que quedan abiertos. Durante los últimos meses, Morrison promovió modificaciones destinadas a endurecer las sanciones por infracciones graves, redefinir atribuciones institucionales y fortalecer la capacidad del Estado para gestionar el sistema de movilidad. La discusión apenas comenzaba cuando se produjo su salida.
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Otro de los proyectos que continuará sobre el escritorio de la nueva administración es la regularización del parque de motocicletas y la implementación del casco homologado. La iniciativa buscaba elevar los estándares de seguridad de los conductores y reducir la elevada mortalidad asociada a este tipo de vehículos. Aunque el proceso avanzó en la definición de normas y campañas de concienciación, la fiscalización generalizada todavía constituye uno de los mayores desafíos del sistema.
La inspección técnica vehicular, conocida tradicionalmente como la revista, representa otro de los compromisos pendientes. Prevista desde hace años en la legislación dominicana, su implementación continúa sin consolidarse, a pesar de que organismos especializados la consideran una herramienta fundamental para retirar de circulación vehículos que representan riesgos para la seguridad vial.
A ello se suma la modernización tecnológica del sistema de gestión del tránsito. La consolidación del Centro de Control de Tráfico y la sincronización inteligente de la red semafórica del Gran Santo Domingo forman parte de una estrategia que requerirá continuidad administrativa para producir resultados medibles en la circulación urbana.
La gestión de Morrison tampoco estuvo exenta de confrontaciones políticas. Sus diferencias públicas con dirigentes del transporte, entre ellos Juan Hubieres, de Fenatrano, y representantes de Conatra, reflejaron las dificultades que históricamente ha enfrentado cualquier intento de reorganizar rutas y transformar el modelo tradicional de operación del transporte colectivo. Esos conflictos volvieron a poner sobre la mesa la compleja relación entre el Estado y los principales actores del sector.
Paralelamente, el entonces director defendió la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de control administrativo y revisar distintos procesos de contratación, en medio de cuestionamientos sobre adquisiciones y servicios tecnológicos vinculados a la institución.
