Por Yulendys Jorge
El tema de los motoristas ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública tras el aumento de incidentes violentos en las vías. La pregunta recurrente es por qué las autoridades no aplican con mayor rigor el régimen de consecuencias de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
Entre los argumentos que se manejan está la influencia de este sector en las urnas. Aunque en sentido abstracto puede parecer un factor más, cuando se analizan los números, el panorama es contundente.
En la República Dominicana circulan actualmente más de 3.9 millones de motocicletas registradas (DGII, mayo 2026), una cifra que equivale al 89% de los votos válidos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 (4,365,147 votos).
La combinación de cantidad de motocicletas, subsidios focalizados, relaciones directas con federaciones y la baja aplicación del régimen de consecuencias crea interrogantes sobre hasta qué punto las políticas hacia el sector responden únicamente a criterios sociales y de movilidad, o también a incentivos políticos y prácticas clientelares.
República Dominicana vive una crisis crónica de tránsito. El país figura desde hace años entre los de mayor mortalidad vial de la región, donde la mayoría de los accidentes fatales involucran motocicletas; el 70%, según el Intrant. Mientras tanto, el incumplimiento de normas básicas se ha normalizado: circulación sin casco, sin placas visibles, en vía contraria, sobre aceras o ignorando semáforos.
La falta de rigor en la aplicación de la Ley suele explicarse desde limitaciones institucionales, falta de agentes o debilidad operativa. Pero el peso político del sector introduce otra variable menos discutida: ningún gobierno parece dispuesto a confrontar a uno de los segmentos sociales más numerosos del país.
Elecciones 2024
En República Dominicana circulaban 3,531,967 motocicletas registradas (DGII, diciembre 2024), una cifra que representaba el 57% del parque vehicular total y equivalía al 81% de los votos válidos emitidos en las elecciones presidenciales de 2024 (4,365,147 votos). Es decir, aproximadamente 81 motocicletas por cada 100 votos emitidos. No se trata de un grupo marginal: es un universo social con capacidad de generar tendencias.
No se afirma que cada motocicleta representa un voto. Tampoco que todos los motoristas actúan como un bloque homogéneo. Pero la correlación ayuda a explicar por qué el sector ha pasado de ser un problema de movilidad y seguridad vial a convertirse en un espacio de interés político permanente.
Aunque no existe un censo exacto de “votantes motoristas”, el parque de motocicletas registradas representa un bloque demográfico y territorial de relevancia. Este volumen genera incentivos políticos para que los gobiernos mantengan una aplicación permisiva o selectiva de las normas de tránsito, priorizando la estabilidad social y el costo político por encima de una fiscalización estricta y la seguridad de los ciudadanos.
De acuerdo con datos de los resultados definitivos de la JCE, en las presidenciales Luis Abinader obtuvo 2,507,297 votos, equivalente al 71% del parque de motocicletas; Leonel Fernández recibió 1,259,427 votos, un 35.7% en comparación con la cantidad de motocicletas registradas; y Abel Martínez, 453,468 votos, equivalentes al 12.8%. Los partidos minoritarios en conjunto alcanzaron alrededor de 145,000 votos
Esta comparativa cobra interés puesto que detrás de cada motocicleta hay una red familiar y forma parte de estructuras gremiales organizadas. En este entorno se consolida una dinámica de vínculos políticos cada vez más directos, ya que el parque de motociclistas registrados es territorialmente más grande que cualquier fuerza opositora individual. Y aunque no opera como un voto uniforme, sí constituye un segmento altamente visible y distribuido en todo el país.
Por eso el vínculo entre federaciones, subsidios, operativos, pactos viales y reuniones políticas adquiere relevancia.
Notas
- Una motocicleta puede ser usada por varias personas (familia, motoconcho).
- No todos los motoristas votan ni actúan como un bloque unido.
- Las cifras corresponden a motocicletas registradas, no a un padrón oficial de conductores.
Subsidios y comparación de gobiernos
Durante los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012) y Danilo Medina (2012-2020), el apoyo estatal al sector motoconchista se caracterizó por una baja o media-baja focalización. En el período de Fernández, los beneficios se canalizaron principalmente a través de programas sociales generales, como la Tarjeta Solidaridad y el Bono Gas, sin que existiera un esquema específico dirigido a los motoconchistas como colectivo organizado. La relación con las federaciones era predominantemente informal y de carácter local-clientelar, sin programas permanentes ni entregas focalizadas.
En el gobierno de Danilo Medina, aunque se mantuvo esta lógica generalista, hubo un incremento reactivo durante la crisis de la COVID-19. En abril de 2020, la vicepresidenta Margarita Cedeño anunció la inclusión de motoconchistas y otros trabajadores informales en el programa temporal “Quédate en Casa”, junto a saloneras, buhoneros y taxistas. Programas como FASE y Pa’ Ti también extendieron cobertura temporal a sectores vulnerables. Sin embargo, estas medidas fueron de carácter emergente y coyuntural, no un programa estructural diseñado específicamente para el motoconcho.
Esta evolución de bajo a medio-bajo nivel de focalización contrasta con el gobierno de Luis Abinader, que implementó Motoben (2022), un programa específico, mensual e institucionalizado dirigido exclusivamente a motoconchistas organizados en federaciones y paradas registradas. El beneficio incluye RD$1,000 para combustible y RD$1,650 en alimentos, para un total de RD$2,650 mensuales por beneficiario.
Además de Motoben, muchos motoconchistas también reciben Bonogás Chofer, Aliméntate, Bonoluz, Bonogás Hogar y bonos puntuales distribuidos en fechas especiales o jornadas políticas. Dependiendo de la combinación de programas recibidos, los beneficios pueden representar decenas de miles de pesos anuales por persona, sin incluir cobertura médica.
A eso se añade el acuerdo firmado en 2021 entre Senasa, Fenamoto y Coordinamoto, mediante el cual miles de miembros de gremios motociclistas y sus familias fueron incorporados al régimen subsidiado de salud.
Aunque no existe una cifra oficial consolidada, fuentes institucionales y gremiales estiman que la cobertura alcanza decenas de miles de beneficiarios directos e indirectos.
El problema no es la existencia de programas sociales. El debate surge cuando la política pública parece orientarse más hacia la preservación de una base social estratégica que hacia la corrección estructural del problema vial. La combinación de subsidios focalizados, relaciones directas con federaciones y baja aplicación del régimen sancionador alimenta cuestionamientos sobre un posible uso clientelar del sector.
Alianzas y pactos (2025-2026)
En enero de 2025, decenas de federaciones de mototaxistas firmaron el Pacto Nacional por la Seguridad Vial junto al presidente Luis Abinader y el INTRANT, comprometiéndose a acciones de capacitación, uso del casco y ordenamiento del sector.
En febrero de 2026, la DIGESETT sostuvo una mesa de trabajo con ASOMOPA, UNAMOTAXI y FEDOMONOR para avanzar en la regulación del motoconcho.
En agosto de 2025 el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, firmó un pacto con motoconchistas que otorgó una prórroga de fiscalización hasta enero de 2026 y creó una mesa interinstitucional permanente.
Estas alianzas reflejan el nivel de interlocución política entre el Estado y el sector motociclista, aunque no están exentas de críticas internas. Algunos cuestionan que ciertas federaciones cobran cuotas sin asumir suficiente responsabilidad frente al desorden vial o las necesidades de sus afiliados.
En mayo de 2024, el presidente Luis Abinader afirmó que ganaría “con más de un 68%” y agradeció el apoyo de los motoconchistas.
Por parte del sector motociclista, Óscar Almánzar, presidente de Fenamoto y quien se identificó como líder de ese gremio en Santiago, expresó su respaldo al proyecto reeleccionista del presidente Abinader. De hecho, acompañó al mandatario en la marcha-caravana del Partido Revolucionario Moderno (PRM) (Acento, 11 de mayo de 2024).
Gremios
El sector cuenta con una amplia red de organizaciones que negocian directamente con el Estado. La más grande y visible es la Federación Nacional de Motoconchistas (Fenamoto), que reportó 78,000 afiliados distribuidos en 27 provincias, según declaró su presidente, Óscar Almánzar, en abril de 2026.
Otras federaciones relevantes incluyen:
- ASOMOPA (Raúl Ortiz Maldonado)
- UNAMOTAXI (Esteban Beltré)
- FEDOMONOR (Alejandro Lugo)
- FENACOM, EMTRAFEF, ASOMODAJA, ASOMODINA y decenas de asociaciones locales.
En total, entre 51 y 56 federaciones participaron en el Pacto Nacional por la Seguridad Vial de 2025, comprometiéndose formalmente con el INTRANT y el gobierno de Luis Abinader.
Estas organizaciones funcionan como intermediarias entre el Estado y una parte importante del sector: canalizan beneficios, controlan paradas y tienen capacidad de movilización territorial y política. No representan a todos los motoristas, pero sí concentran una importante capacidad de representación y negociación dentro del universo motoconchista.
