Por Yulen Jorge
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Diez años después de la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, República Dominicana vuelve a sentarse alrededor de una nueva comisión para discutir los mismos problemas que se habían identificados en 2014.
Las dificultades para mejorar los aprendizajes, la falta de actualización del marco legal, la débil articulación entre los distintos subsistemas educativos y la limitada capacidad para transformar diagnósticos en políticas efectivas siguen formando parte de la agenda nacional. La diferencia es que ahora el Gobierno intenta enfrentarlos mediante una nueva estructura creada por decreto.
El presidente Luis Abinader dispuso mediante el Decreto 309-26 la creación de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, un organismo con seis meses para elaborar un anteproyecto de ley que sirva de base para una reforma integral del sistema educativo dominicano.
La medida surge en un momento en que el propio balance de los diez años del Pacto Educativo deja al descubierto una paradoja difícil de ignorar: el país logró avances importantes en inversión, infraestructura y profesionalización docente, pero no consiguió traducir esos esfuerzos en mejoras sostenidas del aprendizaje.
El dato más contundente continúa estando dentro de las aulas. Según los resultados del informe “Diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014–2024): balance sistémico, resultados y orientaciones estratégicas de mediano plazo”, el 82.3 % de los estudiantes no comprende adecuadamente lo que lee, una realidad que persiste a pesar de más de una década de reformas, evaluaciones y consensos nacionales.
Una década de acuerdos pendientes
El balance sistémico elaborado para el Consejo Económico y Social concluye que gran parte de los compromisos estructurales del Pacto Educativo permanece inconclusa.
Entre ellos figura la actualización de la Ley General de Educación 66-97 y de la Ley de Educación Superior 139-01, consideradas piezas fundamentales para corregir duplicidades institucionales y modernizar la gobernanza del sector. Sin embargo, después de diez años, el propio informe califica los avances en este ámbito como “escasos o nulos”.
La investigación también identifica problemas persistentes de centralización administrativa, limitaciones para transferir recursos y competencias hacia los centros educativos, dificultades para utilizar las evaluaciones como herramientas de mejora y conflictos laborales que continúan afectando el tiempo efectivo de docencia.
En otras palabras, los principales obstáculos del sistema ya estaban diagnosticados.
El giro de la nueva comisión
La creación de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa busca precisamente intervenir sobre esos puntos críticos.
Según el decreto presidencial, la comisión deberá trabajar en coordinación con la Comisión Nacional de Seguimiento del Pacto Educativo y formular propuestas legales orientadas a integrar los distintos subsistemas educativos, fortalecer la planificación basada en evidencia y adecuar la normativa vigente a las necesidades actuales del país.
Entre sus tareas figura el diseño de mecanismos que permitan utilizar los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales como insumos para la formulación de políticas públicas, una de las principales debilidades señaladas por el balance de la década. También deberá impulsar la consolidación del Marco Nacional de Cualificaciones para vincular mejor la educación superior y técnico-profesional con las demandas del mercado laboral.
Sin embargo, la creación de esta nueva instancia también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para ejecutar reformas ya consensuadas.
El decreto que duró menos de dos años
La nueva comisión se forma al mismo tiempo que se deroga el Decreto 580-24, que contemplaba la fusión administrativa entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, medida que suponía un cambio de rumbo dentro de la estrategia gubernamental.
Mientras la propuesta anterior apostaba por integrar ambas instituciones mediante una reestructuración administrativa, la nueva iniciativa se enfoca en una reforma legal y normativa. El Gobierno concluyó que el problema principal no radica en la existencia de dos ministerios, sino en la falta de articulación efectiva entre los distintos niveles educativos.
Estas decisiones reflejan las dificultades para consolidar una ruta estable de transformación institucional. En menos de dos años, una propuesta de reorganización estatal fue sustituida por otra estrategia basada en la creación de una nueva comisión técnica.
¿Más burocracia o una oportunidad real?
Si el país cuenta desde hace años con diagnósticos, evaluaciones, comisiones de seguimiento, pactos nacionales y una Estrategia Nacional de Desarrollo que identifica gran parte de los desafíos educativos, ¿qué garantiza que una nueva comisión logrará producir resultados diferentes?
Más que la ausencia de diagnósticos, el problema parece haber sido la incapacidad para convertir acuerdos en transformaciones concretas. Las recomendaciones existen. Los problemas están identificados. Los indicadores han sido medidos. Lo que ha faltado es la capacidad institucional para ejecutar, dar seguimiento y sostener las reformas más allá de los cambios de gobierno y de las coyunturas políticas.
Por eso, la creación de la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa puede interpretarse de dos maneras. Para algunos, representa una oportunidad para convertir en ley compromisos que durante años permanecieron como acuerdos de buena voluntad. Para otros, constituye una nueva capa burocrática dentro de un sistema que ya acumula diagnósticos, mesas de trabajo y mecanismos de seguimiento.
A cuatro años del vencimiento del Pacto Educativo en 2030, el desafío parece ser menos técnico que político. Después de una década de evaluaciones y consensos, la gran prueba no consiste en identificar nuevamente los problemas de la educación dominicana, sino en demostrar que el Estado es capaz de resolverlos.
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