Por Yulen Jorge
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A una década de la aplicación del presupuesto histórico para la educación dominicana, un reporte revela que el dinero resolvió deudas gremiales e infraestructura, pero el aparato pedagógico sigue congelado.
La República Dominicana cumplió una década ejecutando de manera ininterrumpida el compromiso financiero más importante de su historia reciente: la asignación del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación preuniversitaria. Sin embargo, el “Balance sistémico de los 10 años del Pacto Educativo”, del Consejo Económico y Social (CES), arroja una conclusión poco halagüeña: la inyección masiva de dinero logró dignificar la vida de los maestros y construir aulas, pero falló en transformar el aprendizaje real de los estudiantes dentro de las aulas.
El informe, respaldado institucionalmente bajo el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), desmonta la narrativa de que el presupuesto por sí solo garantiza la calidad. El diagnóstico evidencia que el Ministerio de Educación (MINERD) ha operado bajo una severa rigidez administrativa, donde los recursos públicos se han diluido en sostener la estructura y el aparato burocrático, sin lograr romper el histórico “techo de cristal” de los bajos aprendizajes.
De acuerdo con el documento, estos son los destinos principales de la inversión:
Dignificación magisterial. El bienestar de los docentes fue el área más beneficiada. El informe revela un incremento salarial acumulativo sustancial y un fortalecimiento de cobertura de seguridad social. Un dato que aporta el balance es que, para el año 2024, el 8.1% de todo el gasto ejecutado por el Minerd se destinó exclusivamente al pago de pensiones y jubilaciones del sector de educación preuniversitaria.
Infraestructura y jornada extendida. Los recursos permitieron la masificación de la Jornada Escolar Extendida como el modelo predominante en las escuelas públicas del país, además de una expansión sostenida en la cobertura de la educación inicial y la atención integral a la primera infancia.
El punto crítico es que esta expansión física y laboral no se tradujo en la mejora de los aprendizajes. El informe advierte sobre una persistente e inquietante “brecha entre el diseño y el aula”. Aunque el país diseñó e implementó una reforma curricular avanzada fundamentada en el enfoque por competencias, su adopción real por parte de los docentes en las aulas sigue siendo fragmentada, desigual y carente de supervisión pedagógica continua.
Falta de cultura de evaluación
El análisis destaca el uso ineficiente de las herramientas de medición. A lo largo de esta década, el país formalizó su participación en evaluaciones nacionales diagnósticas y en pruebas internacionales de prestigio como el informe del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).
No obstante, el balance concluye que el sistema educativo dominicano sufre de una desconexión operativa: los resultados de las evaluaciones se utilizan de forma parcial y descriptiva, pero no logran traducirse en intervenciones pedagógicas concretas. El Estado dominicano ha demostrado una baja capacidad para convertir la evidencia de los datos en planes de mejora específicos para los centros educativos que reprueban años tras año.
Con el Pacto Educativo (2014-2030) entrando en su recta final y con las metas de aprendizaje prácticamente estancadas en las evaluaciones de comprensión lectora y pensamiento lógico, el informe deja claro que el debate nacional debe dar un giro radical. La pregunta ya no es cuánto dinero se asigna a la educación, sino la alarmante incapacidad del aparato estatal para transformar los millones del presupuesto en conocimiento para las aulas.
