Por Helena Robles
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El Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014-2030) nació como uno de los acuerdos político-sociales más ambiciosos en la historia reciente de la República Dominicana. Diseñado bajo un enfoque de corresponsabilidad, su meta era clara: transformar profundamente el sistema de enseñanza, articulando la educación preuniversitaria, la superior y la técnico-profesional bajo los principios de equidad y calidad. Sin embargo, a más de una década de su firma, el balance sistémico revela que las buenas intenciones naufragaron ante un entramado de fallos de gobernanza, vacíos legales e inercias burocráticas. Las reformas estructurales prometidas se enfrentaron a un muro institucional que estancó los avances deseados.
Inercia normativa y parálisis legislativa
El primer gran nudo crítico del Pacto Educativo radica en su flagrante incumplimiento legal y normativo. El documento fundacional exigía de forma explícita la adecuación de las piezas legislativas que rigen el sector: la Ley General de Educación 66-97 y la Ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 139-01. El objetivo era construir un marco jurídico moderno, coherente y común que borrara las fronteras institucionales y permitiera una verdadera articulación sistémica.
De acuerdo con el informe “Diez años del Pacto Nacional para la Reforma Educativa (2014–2024): balance sistémico, resultados y orientaciones estratégicas de mediano plazo”, a diez años de distancia, el avance en esta materia ha sido calificado como escaso o nulo. La fragmentación institucional persiste, y las lógicas de gestión siguen respondiendo a culturas divorciadas entre sí.
Un ejemplo palpable de esta parálisis fue el destino del Marco Nacional de Cualificaciones. Aunque su diseño comenzó en 2017 y el proyecto de ley fue aprobado por el Senado en 2020, la pieza perimió en la Cámara de Diputados. Esta ausencia de actualización regulatoria ha dejado al sistema operando con leyes obsoletas que bloquean los mecanismos de coordinación permanente entre el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
El ahogo de la centralización y la burocracia escolar
Otro de los grandes fallos del sistema es el arraigado centralismo en la toma de decisiones, un factor que asfixia directamente la gestión en el territorio. Aunque el Pacto y los planes estratégicos subsecuentes contemplaban la descentralización administrativa y el fortalecimiento del liderazgo pedagógico de los directores de centros educativos, la realidad en las aulas dista mucho del diseño en el papel.
Los directores de escuelas, llamados a ser los líderes de la transformación educativa en sus comunidades, operan con las manos atadas por la burocracia. El MINERD sigue arrastrando una estructura altamente centralizada que limita la autonomía operativa e institucional de las juntas de centro y de los distritos educativos.
En lugar de concentrar sus esfuerzos en el acompañamiento docente y la mejora de los aprendizajes, los equipos directivos se ven desbordados por exigencias administrativas y una severa sobrecarga de tareas operativas impuestas desde las instancias superiores. Esta falta de capacidad real para ejecutar presupuestos locales de manera ágil y orientada a resultados ha impedido que los recursos del 4% del PIB se traduzcan en mejoras inmediatas dentro de los planteles educativos.
La conflictividad gremial: el secuestro del calendario escolar
La dimensión política y laboral se constituyó en uno de los focos de mayor incertidumbre y parálisis para la reforma. El Pacto Educativo asumió el compromiso explícito de garantizar el cumplimiento estricto del calendario y horario escolar a nivel nacional, entendiendo que el tiempo efectivo de docencia es una variable indispensable para elevar la calidad de los aprendizajes.
No obstante, la cultura institucional dominicana sigue marcada por una dinámica de conflictividad crónica entre las autoridades del MINERD y el gremio docente, representado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).
A lo largo de la década, las comisiones de mediación y los intentos por estructurar espacios de diálogo constructivo han arrojado resultados muy limitados debido a la alta politización y a las tensiones distributivas. Esta relación conflictiva se traduce sistemáticamente en paros de labores, asambleas recurrentes e interrupciones del año lectivo que terminan robándole días vitales de clase al calendario oficial.
El derecho fundamental de los estudiantes a recibir docencia continua ha quedado supeditado a los ciclos de negociación laboral y a las pugnas políticas, minando la regularidad del proceso educativo.
El balance a diez años del Pacto Educativo evidencia que el financiamiento y la voluntad discursiva son insuficientes si no se remueven los nudos institucionales de fondo. Mientras el marco legal continúe desactualizado, la centralización ahogue la gestión escolar y el aula siga siendo un campo de batalla gremial, la reforma educativa dominicana continuará atrapada en un estancamiento estructural.
