Por Helena Robles
El debate sobre las tres causales regresó este lunes al Congreso Nacional con el depósito de una nueva propuesta legislativa que busca ampliar las excepciones a la penalización del aborto previstas en el nuevo Código Penal. La iniciativa cobra relevancia porque la Ley 74-25, aprobada recientemente y cuya entrada en vigor está prevista para agosto de 2026, introdujo por primera vez una excepción médica que no existía en el Código Penal de 1884, aunque dejó fuera las llamadas tres causales.
La propuesta fue depositada en la Cámara de Diputados por una comisión integrada por organizaciones de la sociedad civil, colectivos de mujeres y decenas de firmantes, quienes designaron como vocera a la abogada y activista Mary Fernández Rodríguez. El documento fue recibido por el diputado Pedro Martínez, del partido Alianza País, para iniciar el trámite legislativo correspondiente.
El proyecto propone modificar los artículos 110 y 111 de la Ley 74-25 con el objetivo de incorporar tres excepciones a la penalización del aborto: cuando la vida o la salud de la mujer esté en riesgo, cuando el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
La excepción que ya contempla el Código Penal
Aunque el nuevo Código Penal no incorporó las tres causales durante su aprobación, sí introdujo una diferencia respecto al régimen vigente desde 1884.
El artículo 111 establece textualmente:
“La interrupción del embarazo practicado por personal de la salud especializado, no será sancionada si, para salvar la vida de la madre, del feto o ambos en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles al momento del hecho.”
En la práctica, esta disposición excluye de responsabilidad penal la interrupción del embarazo únicamente cuando constituye el último recurso para preservar la vida de la madre, del feto o de ambos, siempre que previamente se hayan agotado todas las alternativas médicas y científicas disponibles.
Se trata de la primera excepción expresa incorporada al Código Penal dominicano en esta materia desde la promulgación del texto de 1884.
Sin embargo, la disposición no alcanza los otros dos supuestos que conforman las llamadas tres causales: los embarazos producto de violación o incesto y aquellos en los que el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
Para las organizaciones que impulsan la iniciativa, la incorporación de esta eximente representa un avance respecto al régimen anterior, pero resulta insuficiente porque mantiene sin cobertura legal esos dos escenarios, además de los casos en que la continuación del embarazo comprometa gravemente la salud de la mujer.
Una reforma paralela
A diferencia de los intentos anteriores de incorporar las tres causales durante la discusión del Código Penal, la nueva iniciativa plantea modificar específicamente los artículos 110 y 111 de la Ley 74-25 para ampliar las excepciones previstas en la legislación vigente.
Con esta estrategia, sus promotores buscan impulsar una reforma puntual sin reabrir el debate integral sobre el nuevo Código Penal.
El camino legislativo
Tras su depósito en la Cámara de Diputados, la propuesta deberá ser presentada ante el pleno y remitida a una comisión de trabajo, previsiblemente la de Justicia o la de Salud, donde será sometida a evaluación técnica y jurídica.
Durante esa etapa, la comisión podrá convocar vistas públicas y consultar a especialistas, organizaciones sociales y otros sectores interesados antes de emitir un informe favorable o desfavorable.
Posteriormente, el proyecto deberá ser aprobado en dos lecturas por la Cámara de Diputados. De superar ese proceso, será remitido al Senado de la República, donde recorrerá el mismo procedimiento antes de una eventual aprobación definitiva.
Un debate que permanece abierto
Durante la presentación de la iniciativa, Mary Fernández Rodríguez sostuvo que mantener fuera de la legislación las tres causales continúa exponiendo a mujeres a situaciones que, a su juicio, podrían resolverse mediante una regulación específica.
“No se trata de promover el aborto, sino de salvar vidas y evitar tragedias familiares”, expresó la activista.
El debate sobre las tres causales ha permanecido abierto en la República Dominicana durante más de dos décadas y enfrenta posiciones encontradas entre organizaciones feministas, sectores médicos, iglesias y grupos conservadores. Mientras unos sostienen que estas excepciones responden a criterios humanitarios y de salud pública, otros defienden que toda interrupción del embarazo debe mantenerse penalizada.
