Cuando la memoria privada se vuelve patrimonio público: el viaje de una colección que nos devuelve la mirada

Por Ruahidy Lombert

Docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo

En la última semana de marzo de 2025 crucé el umbral de un apartamento frente a Union Square, en Manhattan, y experimenté ese vértigo particular que solo produce enfrentarse a múltiples dimensiones temporales coexistiendo en un mismo espacio. Centenares de mapas antiguos de La Española y las Indias Occidentales tapizaban cada pared disponible: la Spagnola del Isolario de Bordone, impresa en Venecia en 1528; el mapa compuesto de Mercator de 1606; las tres raras cartas de Arent Roggeveen, reunidas tras más de una década de búsqueda paciente. Aquella visita, que documenté entonces en un artículo anterior, era el retrato de una obsesión privada. Conservar y estudiar estos documentos nos concierne a todos porque en sus trazos, en sus errores y en sus aciertos cartográficos no solo se representa un territorio: también se inscriben las primeras formas de imaginarlo, disputarlo, administrarlo y convertirlo en el escenario de nuestras dinámicas sociales, políticas y culturales actuales.

La Universidad de la Ciudad de Nueva York, a través de su Instituto de Estudios Dominicanos, ha recibido esa colección —cerca de quinientos mapas, manuscritos y artefactos vinculados a la República Dominicana y el Caribe— como donación de Joseph A. Gonzalez y Ralph E. Magnus, quienes la reunieron a lo largo de más de tres décadas hasta conformar la mayor colección cartográfica privada dedicada a la República Dominicana y el Caribe. La colección formará parte del futuro Dominican Arts and Culture Center, cuya apertura está prevista para 2027 en el Alto Manhattan. Entre las piezas anunciadas figura el considerado primer mapa moderno de la República Dominicana: el mapa Schomburgk-Méndez de 1858, publicado por orden de la presidencia de la República.

Quien haya visto esa colección en su hábitat doméstico sabe que allí se fue gestando, pieza a pieza y durante décadas, un verdadero proyecto de memoria. En aquel apartamento no existía jerarquía espacial: un mapa holandés del siglo XVII compartía corredor con planos republicanos decimonónicos; las puertas de los armarios se habían convertido en vitrinas; solo la cocina había escapado a la invasión cartográfica. Vivir rodeado de esos mapas era, como me confesaron sus custodios, habitar simultáneamente todas las versiones de la Isla. Esa intimidad con los documentos —ese conocimiento apasionado que distingue, según la definición del propio Gonzalez, al verdadero coleccionista del simple acumulador— es lo que ahora se transfiere a una institución pública.

Detengámonos en el mapa de 1858. Su nombre remite a Sir Robert Hermann Schomburgk, explorador y científico alemán al servicio de la Corona británica, designado en 1848 como primer cónsul de Gran Bretaña en la República Dominicana, cargo que ejerció en Santo Domingo desde enero de 1849 hasta 1857: un diplomático-naturalista que se dio a la tarea de medir y comprender el territorio ante el cual representaba a su imperio. Más allá de su rareza material, este documento registra el momento en que el territorio dominicano empezó a ser medido y representado con los instrumentos de la ciencia moderna, con participación dominicana y en plena etapa de afirmación nacional: el paso de la isla cartografiada por otros a la república que se dibuja a sí misma.

Quien traza un mapa fija nombres y límites, decide qué regiones importan y cuáles quedan al margen, y proyecta sobre el papel una determinada idea de país. De ahí que la presencia de esta pieza en la colección deba motivar nuevas preguntas sobre la construcción visual de la nación dominicana: quiénes midieron el territorio, con qué instrumentos, bajo qué intereses, qué topónimos quedaron fijados y cuáles fueron desplazados. Conviene recordar, además, que el ejemplar donado a CUNY dialoga con otros supervivientes de aquella tirada limitada: el Centro León conserva uno en Santiago de los Caballeros, y la Royal Geographical Society de Londres custodia, entre los archivos de Schomburgk, una versión en formato tríptico poco conocida incluso entre especialistas. Ese censo disperso, repartido entre grandes archivos y bibliotecas, convierte cada ejemplar en un documento de primera magnitud y ofrece un punto de partida concreto para la cooperación entre las colecciones dominicanas y las del exterior.

Mi propio vínculo con estos documentos tiene también su historia. El interés nació cuando era estudiante de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón y asistí, en el Museo Arqueológico Regional Altos de Chavón —dirigido entonces por el antropólogo Ángel Caba—, a una exposición de documentos antiguos promovida por John Chancellor, aquel librero anticuario inglés que a finales de los años ochenta hizo de Santo Domingo una de sus bases y despachaba sus catálogos de tema americano desde la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, en la Calle de Las Damas. Lo acompañaba Humberto Soto Ricart, una de las conciencias críticas más lúcidas y rigurosas del arte dominicano de aquellas décadas, a quien yo conocía no solo por sus escritos, sino también por las conversaciones que solíamos sostener en la Casa de Bastidas o en la Galería de Arte Moderno.

Con los años supe algo que cierra el círculo de manera casi novelesca: varios de los mapas que hoy integran la Colección Gonzalez-Magnus pasaron por las manos de Chancellor. El mismo librero que despertó mi vocación fue también uno de los proveedores de la colección que ahora se convierte en patrimonio público. Años después, aquel asombro inicial se transformó en objeto de estudio: dediqué mi tesis de licenciatura en Historia y Crítica de Arte, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al diagnóstico de los mapas de la isla de Santo Domingo y sus implicaciones con las técnicas del arte —el dibujo, el grabado, los soportes de papel, las filigranas, el color aplicado a mano—, una investigación que me permitió comprobar cuánto quedaba todavía por hacer en el país sobre este patrimonio, más allá de los trabajos pioneros de Luis E. Alemar, Emilio Rodríguez Demorizi y Pedro Julio Santiago.

Fue luego el ejercicio profesional el que terminó de cerrar el círculo. Conocí a Joseph Gonzalez al ser contratado como consultor para un proyecto de catalogación e identificación de varias colecciones privadas de mapas de la isla y el Caribe, liderado por la conservadora de obras de arte Hilda Abreu de Utermöhlen. Describimos, fechamos y atribuimos cientos de ejemplares, uno por uno. Esa triple experiencia —la del estudiante, la del investigador y la del conservador— me enseñó algo que esta donación no hace más que confirmar: que La Española ha sido, desde el siglo XVI, uno de los territorios más intensamente representados de América, y que una parte fundamental de esa memoria visual ha circulado durante siglos por manos privadas, catálogos, ferias y subastas, lejos de nuestros archivos públicos.

La historia del coleccionismo cartográfico dominicano tiene, además, su propio protagonista y su propia advertencia: el doctor Juan Rafael Pacheco, pionero en este campo, desarrolló una labor comparable a la de Joseph Gonzalez y reunió entre 1964 y 1993 más de trescientas piezas, la mayor colección de mapas de la isla existente entonces en el país; sus oficinas de la Central de Créditos parecían un auténtico museo. Me correspondió trabajar aquellos mapas, además de sendos lotes que habían pertenecido a ese mismo acervo: el del Banco Popular, donado luego al Centro León, y el de la Fundación Sinfonía, adquirido después por esa misma institución. Más tarde colaboré con Rafael Emilio Yunén en una actualización de la colección de mapas del Centro León, como parte de su proceso de catalogación.

Pacheco intentó vender su colección al Estado dominicano y recibió del presidente Balaguer la negativa por respuesta; tras la intervención de su empresa en 1993, el conjunto se fragmentó entre daciones de pago, custodias bancarias, ventas y donaciones: más de un centenar de piezas que quedaron bajo custodia de la Superintendencia de Bancos fueron adquiridas en 2008 por el Banco Popular, que las donó al Archivo General de la Nación. Hoy una parte de sus mapas enriquece así la mapoteca del Centro León y otra el Archivo General de la Nación, pero de decenas de piezas se ignora el paradero. Él mismo resumió aquella trayectoria como «una historia de amor… y de dolor». Frente a ese precedente, la entrega íntegra de la Colección Gonzalez-Magnus a una institución académica muestra el otro desenlace posible: el que ocurre cuando la memoria encuentra a tiempo una casa.

La Colección Gonzalez-Magnus, por lo demás, no es ajena al país: a comienzos de los años dos mil, FairWinds Antique Maps —la firma de los propios coleccionistas— expuso una cuarentena de sus mapas en el Museo de las Casas Reales, acompañada de un catálogo con reseñas históricas de Bernardo Vega. Aquel antecedente, hoy casi olvidado, demuestra algo que deberíamos asumir con mayor seriedad: la historia dominicana no está contenida únicamente en los archivos oficiales del país. También vive en bibliotecas extranjeras, colecciones privadas, universidades, mercados de antigüedades, archivos familiares y circuitos de la diáspora. Esa dispersión no debe interpretarse de manera simplista como pérdida absoluta, sino como una condición histórica que nos obliga a crear nuevas formas de cooperación, investigación, digitalización, conservación y acceso público.

No basta con celebrar o reaccionar tardíamente ante los grandes anuncios internacionales que involucran colecciones vinculadas a nuestra historia. Es urgente construir una política sostenida para identificar, conservar, estudiar y hacer accesible el patrimonio documental dominicano, tanto dentro como fuera del país. Esto implica crear inventarios nacionales y transnacionales, establecer acuerdos con universidades, archivos y centros de investigación extranjeros, impulsar programas de digitalización de alta resolución, formar especialistas en conservación de papel y documentos gráficos, y promover investigaciones que vinculen la cartografía histórica con la historia política, ambiental, urbana, fronteriza y cultural de la nación.

Los mapas antiguos no son objetos mudos. Hablan de poder, comercio, colonización, fronteras, ocupaciones, proyectos nacionales e imaginarios sobre la isla. En ellos puede estudiarse cómo fuimos vistos por otros, pero también cómo comenzamos a vernos a nosotros mismos. Por eso, conservarlos y estudiarlos no es una tarea secundaria ni exclusivamente académica: es una forma de recuperar las huellas visuales y simbólicas con las que se fue construyendo nuestra conciencia territorial.

Desde la perspectiva de la conservación, esta colección exige además una responsabilidad técnica. Gonzalez mismo me señaló algo que todo conservador de papel conoce: la resistencia extraordinaria de los soportes de los siglos XV al XVIII contrasta con la fragilidad del papel industrial posterior al siglo XIX. Mapas, manuscritos y encuadernaciones históricas requieren condiciones ambientales controladas, protocolos de manipulación, almacenamiento especializado, restauración responsable y un equilibrio cuidadoso entre exhibición e investigación.

El valor de estos documentos no está solamente en mostrarlos, sino en garantizar que sobrevivan a las próximas generaciones sin ser sacrificados por el entusiasmo de la exposición inmediata. Los propios coleccionistas eligieron convivir con sus mapas en las paredes; la institución que los recibe deberá elegir, ahora, cómo hacerlos durar.

El futuro centro dominicano en el Alto Manhattan puede convertirse en un modelo de gestión patrimonial para la diáspora y para el propio Estado dominicano. No debería ser visto como un espacio ajeno, sino como un aliado natural en la preservación, el estudio y la difusión de nuestra memoria documental.

La República Dominicana cuenta, además, con repositorios que harían especialmente fecundo ese diálogo. El Archivo General de la Nación posee una importante colección cartográfica; también el Centro León conserva fondos de gran interés; y, en menor escala, el Fondo Antiguo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo resguarda algunos ejemplares, entre ellos piezas de notable valor histórico. Por ello, sería oportuno que estas instituciones establecieran un acuerdo de colaboración con CUNY para levantar un catálogo unificado de la cartografía histórica de la isla de Santo Domingo, desarrollar programas conjuntos de digitalización de alta resolución con acceso abierto para investigadores y estudiantes de ambas orillas, intercambiar especialistas y experiencias en conservación de papel y documentos gráficos, y producir exposiciones, publicaciones y proyectos académicos compartidos.

La relación entre las instituciones culturales dominicanas y este nuevo centro debe construirse desde la colaboración, no desde la distancia. Allí donde el patrimonio dominicano ha encontrado resguardo, estudio y visibilidad, el país no debe responder con indiferencia ni recelo, sino con inteligencia institucional, voluntad de cooperación y sentido histórico.

Al final, lo que esta donación nos enseña es tan sencillo como exigente: la memoria nacional no se conserva sola. Alguien la busca, alguien la reconoce, alguien la reúne, alguien la estudia, alguien la dona, alguien la preserva y alguien la pone al alcance de los demás. Cuando ese ciclo se rompe, los documentos desaparecen, se dispersan, se fragmentan o quedan encerrados en espacios inaccesibles. Cuando se fortalece, el patrimonio se convierte en herramienta de investigación y en conciencia histórica compartida.

La Colección Joseph A. Gonzalez y Ralph E. Magnus constituye, en definitiva, mucho más que una donación extraordinaria. Es un corpus documental de primer orden para la historiografía caribeña y para el estudio de la construcción visual de La Española y del territorio dominicano. Su valor no reside únicamente en la rareza de sus piezas, sino en la posibilidad de leer, a través de ellas, las formas sucesivas en que la isla fue nombrada, medida, codiciada, dividida, imaginada y convertida en escenario de proyectos imperiales, coloniales y nacionales.

Por eso, esta donación no debe ser entendida como el final feliz de una colección privada, sino como una advertencia pública. Durante siglos, una parte sustancial de nuestra memoria documental ha vivido dispersa, dependiendo del azar del mercado, de la pasión de algunos coleccionistas y de la fragilidad de las instituciones. Que este conjunto llegue íntegro a una universidad pública es una buena noticia; que haya tenido que recorrer ese largo camino para encontrar resguardo también debería interpelarnos.

Un mapa antiguo de Santo Domingo no es un adorno de anticuario ni una simple curiosidad gráfica. Es una huella material de las disputas por el territorio, de los nombres impuestos, de las fronteras imaginadas y de las miradas que ayudaron a configurar nuestra historia. Entenderlo así es comenzar a mirar esos papeles no como restos lejanos del pasado, sino como documentos vivos de nuestra conciencia territorial. La memoria nacional no se conserva por inercia: se reconoce, se estudia, se protege y se comparte. Allí donde ese ciclo se fortalece, el patrimonio deja de ser nostalgia y se convierte en conocimiento público.

Sobre el autor

Ruahidy Lombert es conservador-restaurador, docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Es Fellow del International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works (IIC), miembro del Consejo Internacional de Museos (ICOM), de APOYOnline y de la Carrera Nacional de Investigadores (CNI) del MESCyT.

Su trabajo articula conservación, investigación patrimonial, educación artística y cooperación técnica, con una trayectoria dedicada al estudio, intervención y salvaguarda de bienes culturales en la República Dominicana.

Ha desarrollado proyectos para museos estatales y privados, centros culturales, instituciones patrimoniales y colecciones particulares. Asimismo, ha contribuido al fortalecimiento académico e institucional de la educación artística, incluyendo el diseño de planes de estudio para la carrera de Educación Artística.

Actualmente coordina la Especialidad en Habilitación Docente para la Modalidad en Artes de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UASD y funge como Contraparte Nacional del OIEA/MEM/UASD en iniciativas vinculadas a ciencia, patrimonio y cooperación técnica.