Por Helena Robles
La reforma a la Ley de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos está a un paso de convertirse en ley. Sin embargo, antes de que el Poder Ejecutivo la promulgue, permanecen abiertas preguntas que el debate legislativo dejó sin responder: ¿qué estudios técnicos justifican el aumento de las contribuciones?, ¿cómo se determinaron los nuevos montos?, ¿qué evaluación hizo el Estado sobre la administración de los recursos ya recaudados por el Fideicomiso DO Sostenible?, ¿qué mecanismos garantizarán una gestión transparente de los nuevos fondos?
El nuevo texto legal incrementa las contribuciones obligatorias que realizan miles de empresas para financiar el sistema nacional de gestión de residuos. Las estimaciones oficiales apuntan a que las contribuciones podrían elevar la disponibilidad de recursos del sistema hasta alrededor de RD$9,000 millones anuales. Según el gobierno, la reforma busca fortalecer el financiamiento del sistema nacional de gestión de residuos y acelerar el cierre de vertederos a cielo abierto.
No obstante, representantes del sector privado consideran que el debate no puede limitarse al aumento de los aportes. A su juicio, antes de elevar la carga económica sobre las empresas debieron hacerse públicos los estudios técnicos que expliquen cómo fueron calculados los nuevos montos, cuál es el costo real del sistema de gestión de residuos y qué necesidades financieras justifican el incremento.
Organizaciones empresariales también han reclamado una mayor rendición de cuentas sobre la administración de los recursos que actualmente maneja el Fideicomiso DO Sostenible, creado para canalizar los fondos destinados a la gestión integral de los residuos sólidos.
Transparencia bajo escrutinio
Los cuestionamientos no se limitan al monto de las nuevas contribuciones. Diversos sectores sostienen que el debate legislativo dejó sin responder una pregunta fundamental: ¿qué estudios técnicos sustentan las nuevas escalas de aportes y por qué esos documentos no fueron puestos a disposición del público durante la discusión del proyecto?
A esa inquietud se suman reclamos para que el gobierno publique las auditorías técnicas y financieras del Fideicomiso DO Sostenible, así como información detallada sobre la ejecución de los recursos, los criterios de evaluación utilizados en las licitaciones y los procesos mediante los cuales se adjudicaron contratos financiados con esos fondos.
El manejo del fideicomiso también ha sido objeto de denuncias presentadas por actores políticos ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en las que solicitan investigar presuntas irregularidades en la administración de los recursos y la legalidad de algunos procesos de contratación.
Aunque esas denuncias aún no han derivado en decisiones judiciales, han ampliado el debate más allá del incremento de las contribuciones y colocado en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas del sistema.
Concentración de las contrataciones
Las críticas también alcanzan la distribución de las contrataciones. Diversas denuncias públicas sostienen que una parte importante de los recursos ejecutados habría sido adjudicada a un número reducido de empresas gestoras, situación que ha motivado solicitudes de mayor transparencia y competencia en los procesos de contratación.
Diversos actores han solicitado que el gobierno publique de manera detallada la información sobre los procesos de contratación, la participación de oferentes, los criterios de evaluación y los resultados obtenidos por cada proyecto financiado con recursos del fideicomiso.
A juicio de representantes empresariales, una mayor apertura de esa información permitiría fortalecer la confianza en el sistema y garantizar condiciones de competencia más amplias para los distintos operadores del sector.
La reforma parece encaminada a convertirse en ley. Lo que todavía está en discusión no es únicamente cuánto dinero ingresará al sistema, sino qué nivel de transparencia y rendición de cuentas acompañará la administración de esos recursos.
