Por Prisma
Tras tres décadas de presencia ininterrumpida en República Dominicana, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) cerrará su oficina en el país. La decisión forma parte de una reestructuración global impulsada por la reducción del financiamiento internacional y por el tránsito hacia un modelo de sostenibilidad posterior a 2030.
Para el contexto dominicano, donde la respuesta al VIH nació, creció y se estructuró bajo el ala de la cooperación internacional, este cierre representa un punto de inflexión histórico. No se trata simplemente de una mudanza de oficinas, supone un cambio estructural en la manera en que se coordina la respuesta nacional frente al VIH.
En República Dominicana de 85,000 personas que viven con el virus, 81,417 reciben atenciones en un Servicio Integral Red Publico, lo que significa un 95.78 por ciento, de acuerdo a declaraciones recientes del doctor Enrique González, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA).
El fin de un mediador institucional y el peso de la fiscalización técnica
A lo largo de sus 30 años en el territorio nacional, la oficina de ONUSIDA cumplió un rol que excedía lo estrictamente médico. Su principal activo fue la mediación política y la fiscalización técnica.
Validación epidemiológica: ONUSIDA actuaba como un auditor externo neutral. Sus técnicos cruzaban los datos oficiales con la realidad del terreno, garantizando que las estadísticas sobre nuevas infecciones, adherencia al tratamiento y mortalidad fueran transparentes y homologadas a nivel global. Con la salida de la oficina de ONUSIDA, el proceso de validación y monitoreo recaerá principalmente sobre las instituciones nacionales.
Gobernanza y Derechos Humanos: La agencia funcionaba como un respaldo institucional frente al estigma y la discriminación. Su capacidad de interlocución al más alto nivel permitía presionar por reformas legales, defender el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables (como jóvenes, trabajadores sexuales, la comunidad LGBTIQ+ y migrantes) y sentar en la misma mesa a los tomadores de decisiones con las comunidades marginadas.
El vacío en la prevención
Existe una distinción crítica en la respuesta nacional al VIH: el tratamiento y la prevención. Mientras que el Estado dominicano ha asumido de forma progresiva la compra de los antirretrovirales, la prevención comunitaria ha sido financiada casi en su totalidad por fondos externos canalizados o coordinados por ONUSIDA y agencias aliadas como el Fondo Mundial y PEPFAR.
El principal riesgo no está en el suministro de medicamentos, sino en el debilitamiento de la prevención comunitaria. Las ONG locales son las que entran a los barrios vulnerables, distribuyen preservativos, realizan pruebas de diagnóstico temprano y reconectan al sistema a los pacientes que han abandonado su terapia.
Al desaparecer las estructuras de apoyo técnico y reducirse los presupuestos de las agencias sombrilla, decenas de organizaciones de la sociedad civil enfrentan una inminente asfixia financiera. Si el tejido comunitario se debilita, el riesgo directo es un repunte de “infecciones ocultas”: personas con infección no diagnosticada, que no lo saben por falta de testeo, y continúan la cadena de transmisión sin recibir atención.
El examen de la autosuficiencia: El plan de transición 2026-2030
Ante este escenario de retirada, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA) han puesto en marcha el Plan de Transición y Sostenibilidad de la Respuesta Nacional 2026-2030. Este plan obliga al Estado dominicano a pasar de un modelo cofinanciado a una absorción presupuestaria total.
El gran reto logístico y financiero se concentra en tres pilares:
| Desafío | Mecanismo Anterior | Desafío de Transición |
| Sostenibilidad Financiera | Subvenciones internacionales cubrían logística, reactivos de carga viral y programas de campo. | El ´gobierno debe integrar estos costos operativos corrientes dentro del Presupuesto Nacional de forma permanente. |
| Inclusión en Seguridad Social | Fondos especiales y subsidios focalizados para la atención médica general de los pacientes. | Traspasar de manera definitiva la cobertura total del tratamiento y comorbilidades al régimen subsidiado y contributivo de las ARS. |
| Logística de Suministros | Auditoría internacional y canales de compra asistidos para evitar la escasez. | Fortalecer Promese/Cal y los almacenes de salud pública para garantizar cero eventos de desabastecimiento en las más de 70 unidades de atención integral (UAI). |
Un balance de cara al 2030
La República Dominicana mantiene el compromiso internacional de alcanzar las metas 95-95-95 (95% de personas con VIH diagnosticadas, 95% en tratamiento y 95% con carga viral indetectable para suprimir la transmisión).
Más que el cierre de una oficina termina una etapa de la salud pública dominicana. A partir de ahora, la capacidad del país para sostener los avances alcanzados dependerá menos de la cooperación internacional y mucho más de la fortaleza de sus propias instituciones.
