Por Prisma a partir de reportes oficiales y publicaciones exclusivas de medios de comunicación chilenos identificados al final de la nota
Antes de que su nombre apareciera en una investigación por tráfico de menores haitianos, el dominicano Julián Rafael Guzmán Mejía conocía el sistema migratorio chileno desde dentro.
El abogado, de 41 años, presidió una organización de migrantes, participó en actividades junto a autoridades chilenas, prestó servicios vinculados a un programa de la Subsecretaría del Interior y tuvo acceso a una base de datos estatal con información de extranjeros, el sistema B3000, la principal base de datos histórica del Servicio Nacional de Migraciones.
Años después, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Chile lo identifica como uno de los presuntos integrantes de una organización criminal transnacional que habría convertido la necesidad de reunificación de familias haitianas en un negocio: trasladar principalmente niños y adolescentes desde Haití hasta Chile utilizando República Dominicana como escala.
El caso ha sido revelado por investigaciones periodísticas publicadas en Chile entre finales de junio y julio, pero su dimensión dominicana ha pasado prácticamente inadvertida en el país, pese al papel que la Fiscalía chilena atribuye a República Dominicana dentro de la ruta y a uno de sus ciudadanos en la operación.
La investigación, dirigida por el fiscal regional Francisco Jacir y la fiscal Carolina Suazo, con apoyo de la Policía de Investigaciones (PDI), atribuye a Guzmán un papel clave en el tramo dominicano de la operación: habría hecho cruzar a menores desde Haití hacia República Dominicana por puntos no autorizados, evadiendo los controles migratorios oficiales. Una vez en territorio dominicano, se presentaba como el adulto responsable de ellos.
La escala antes de Chile
República Dominicana no funcionó como un simple territorio de paso. Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía chilena, constituía una escala organizada dentro de una ruta que comenzaba en Haití y debía terminar en Chile.
Los menores ingresaban irregularmente a territorio dominicano. La Fiscalía atribuye a Guzmán la función de recibirlos y acompañarlos, mientras que otro dominicano, Juan Doñé Lorenzo, habría participado en su traslado desde los puntos de ingreso hasta el aeropuerto.
El funcionamiento de esa ruta quedó expuesto el 1 de octubre de 2024, cuando Guzmán fue interceptado en el país mientras intentaba viajar hacia Chile acompañado por 11 ciudadanos haitianos, seis de ellos menores de entre 4 y 16 años.
El operativo formó parte de Liberterra II, una operación internacional contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Según pudo establecer Mega Investiga, Guzmán fue posteriormente imputado en República Dominicana, con impedimento de salida, y debía presentarse periódicamente ante el Ministerio Público dominicano.
Aunque ese episodio ocurrió en 2024, el nombre de Guzmán ha salido a la luz a raíz de los avances de la investigación en Chile. En junio de 2025, la Fiscalía chilena imputó a dos de los señalados como líderes de la organización, Ezechiel Rome y Jean Chery Dormeus, y expuso ante la justicia detalles sobre el funcionamiento de la red y las funciones atribuidas a sus integrantes.
Es en ese contexto que el abogado dominicano aparece identificado como uno de los presuntos miembros de la estructura y se conocen nuevos antecedentes sobre su actuación en República Dominicana.
Las pesquisas también encontraron un vínculo con otra investigación abierta en Chile por el ingreso de menores haitianos mediante vuelos chárter en 2025. El nexo surgió a partir de transferencias entre empresas investigadas en ambas causas, lo que llevó a la Fiscalía y la PDI a ordenar nuevas diligencias.
Según los antecedentes divulgados por Mega Investiga, los niños no registraban ingreso legal a República Dominicana ni contaban con autorización notarial de sus padres, residentes en Chile, para viajar bajo la tutela de Guzmán.
Las familias pagaban entre US$3.200 y US$4.500 por cada niño trasladado, según la investigación. La Fiscalía sostiene que Guzmán recibía pagos de los líderes de la organización por su labor como nexo en República Dominicana, aunque el monto específico que habría recibido por cada traslado no ha sido divulgado.
Lo que sí se ha revelado es que las autoridades chilenas calculan que la organización investigada habría obtenido más de US$900.000 desde 2024.
Niños varados en República Dominicana
No todos los viajes terminaron en Chile. La investigación documentó que al menos seis niños quedaron en centros de acogida de República Dominicana después de que las operaciones para reunirlos con sus familiares no pudieran completarse.
Uno de ellos permaneció alrededor de ocho meses en una residencia dominicana antes de ser devuelto a Haití. Su padre permanecía en Chile esperando una reunificación que nunca se produjo.
La Fiscalía sostiene que la estructura explotaba precisamente esa vulnerabilidad: familias haitianas separadas entre distintos países y dispuestas a pagar grandes cantidades para volver a vivir con sus hijos.
Un dirigente conocido en el mundo migratorio
Guzmán no era un desconocido para las instituciones chilenas. Con residencia definitiva en Chile desde julio de 2016, llegó a presidir la Federación Nacional de Migrantes y Refugiados (FENAMIR) y desarrolló una agenda pública que incluyó reuniones y actividades con autoridades de diferentes sectores políticos.
En 2018 prestó servicios a la Subsecretaría del Interior a través de la consultora Abenis, contratada para colaborar con la implementación de un programa gubernamental de retorno de migrantes. Fue en ese contexto cuando obtuvo acceso al sistema B3000.
Documentos obtenidos por Mega Investiga establecen que Guzmán recibió una cuenta para acceder al sistema en octubre de 2018 y la mantuvo activa durante aproximadamente tres semanas. Desde esas credenciales llegó a solicitar actualizaciones de informes de extranjeros a la PDI.
El antecedente adquiere especial relevancia dentro de la investigación actual. CIPER Chile reportó que el Ministerio Público investiga si información migratoria pudo ser aprovechada posteriormente para identificar o contactar a familias haitianas que podían optar por mecanismos de reunificación familiar. Se trata de un elemento bajo investigación y no de un hecho establecido mediante sentencia judicial.
Las preguntas que quedan en República Dominicana
La investigación chilena permite reconstruir buena parte de la presunta organización, pero deja abierto el capítulo dominicano.
Por República Dominicana habrían cruzado irregularmente los menores; aquí operaban personas señaladas como colaboradores de la estructura; aquí fue interceptado Guzmán acompañado de seis niños y aquí quedaron menores alojados durante meses después de que algunos viajes fracasaran.
Aunque se conoce que Guzmán fue imputado y sometido a medidas judiciales en el país, no se ha establecido públicamente cuántos menores pudieron atravesar territorio dominicano mediante el mismo mecanismo ni durante cuánto tiempo funcionó el corredor antes de ser detectado.
El expediente contra la organización continúa abierto y las imputaciones deberán ser probadas ante los tribunales. La responsabilidad penal de Guzmán y de los demás investigados deberá establecerse judicialmente.
Nota editorial: Esta publicación fue elaborada a partir de antecedentes de la investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de Chile y de informaciones e investigaciones periodísticas publicadas por Mega Investiga/Meganoticias, la Unidad de Investigación de BioBioChile y CIPER Chile. Mega Investiga reveló en exclusiva documentos reservados sobre el acceso de Julián Guzmán Mejía al sistema migratorio B3000; BioBioChile reconstruyó la operación de la red y los casos de menores que quedaron varados en República Dominicana; y CIPER documentó posteriormente sus vínculos con la Subsecretaría del Interior y campañas políticas chilenas.
