Por Helena Robles
En los últimos años, República Dominicana ha colocado la transformación digital entre sus prioridades de desarrollo. Distintos gobiernos han destinado recursos a ampliar la conectividad, digitalizar los servicios públicos, modernizar la infraestructura tecnológica e incorporar nuevas herramientas al funcionamiento del Estado. La apuesta ha sido sostenida: avanzar hacia un país más conectado y digital.
Pero mientras la transformación tecnológica avanza, otra discusión ha quedado rezagada: cómo proteger a los niños, adolescentes y jóvenes que crecen dentro de ese nuevo entorno. El país ha desarrollado políticas para ampliar el acceso y promover el uso de la tecnología, pero todavía no dispone de una estrategia integral que articule prevención, educación, salud y protección frente a los riesgos asociados a una vida cada vez más mediada por pantallas, redes sociales y plataformas digitales.
Los datos permiten dimensionar hasta qué punto la tecnología forma parte de la vida cotidiana desde edades tempranas. El 14,2 % de los niños dominicanos de entre 5 y 9 años tiene teléfono celular. La proporción aumenta al 40,9 % entre los 10 y 14 años y alcanza el 85,4 % entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. En este último grupo, en cambio, solo el 23,7 % dispone de una computadora de escritorio, portátil o tableta, según los datos corregidos de la ENHOGAR-2024 de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La dimensión de los posibles efectos comienza a aparecer en investigaciones realizadas en el país, aunque los datos disponibles no son recientes ni permiten extrapolar sus resultados a toda la población adolescente. Un estudio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), realizado en 2019 entre 488 adolescentes de 13 a 17 años de ocho centros educativos públicos de Santiago, encontró que el 31,4 % cumplía los criterios establecidos por la Escala de Adicción a Teléfonos Inteligentes (SAS-SV). El 43,8 % utilizaba el dispositivo durante más de cuatro horas al día.
Entre los adolescentes clasificados con adicción al teléfono inteligente, el 72,4 % presentaba síntomas de depresión, el 56,5 % de ansiedad y el 46,1 % de insomnio. Los resultados muestran una asociación entre estas variables, pero no establecen que el uso del teléfono sea la causa de esos trastornos.
Un país que invierte en digitalizarse
República Dominicana impulsa una de las mayores apuestas de transformación digital de su historia reciente. La Agenda Digital 2030 articula una estrategia nacional que abarca conectividad, interoperabilidad, servicios públicos digitales, ciberseguridad e innovación tecnológica.
A esta agenda se suma el Programa de Conectividad para la Transformación Digital, ejecutado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que moviliza US$115 millones para ampliar la infraestructura de telecomunicaciones y reducir la brecha digital. En el ámbito sanitario, la Estrategia Nacional de Salud Digital 2024-2028 incorpora el expediente clínico electrónico, la telemedicina y otras herramientas tecnológicas a los servicios de salud.
Ese despliegue tecnológico no ha tenido un desarrollo equivalente en materia de bienestar digital. Las respuestas permanecen distribuidas entre las políticas de salud mental, educación, protección de menores y regulación del entorno digital, sin una estrategia común específicamente diseñada para prevenir, detectar y abordar los problemas asociados al uso intensivo de dispositivos, pantallas y plataformas digitales entre niños, adolescentes y jóvenes.
La brecha también alcanza la información disponible. El país no cuenta con una medición nacional periódica que permita determinar la prevalencia del uso problemático de pantallas, teléfonos inteligentes o redes sociales, identificar los grupos más vulnerables y seguir la evolución del fenómeno.
La diferencia está entre atender las consecuencias y construir mecanismos específicos de prevención. Una estrategia de protección frente al entorno digital supone identificar riesgos asociados al uso problemático de pantallas y redes sociales, establecer sistemas de detección temprana, formar a familias y profesionales, generar datos periódicos sobre los hábitos digitales de los menores y coordinar las respuestas de los sistemas educativo, sanitario y de protección infantil.
La respuesta desde la salud mental
La red pública dominicana dispone de servicios de atención en salud mental, incluidas Unidades de Intervención en Crisis y canales de asistencia psicológica. Según cifras del Servicio Nacional de Salud, al cierre del primer semestre de 2026 funcionaban 47 de estas unidades, con 300 camas destinadas a pacientes en crisis.
Sin embargo, esta infraestructura está concebida para atender la salud mental de la población en sentido general y no constituye, por sí misma, una política específica de prevención y atención de los problemas asociados al uso de dispositivos y entornos digitales entre niños, adolescentes y jóvenes.
El Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030 incluye a niños y adolescentes dentro de su enfoque de atención y establece entre sus prioridades la prevención de los trastornos mentales, la identificación de factores de riesgo y el fortalecimiento de los sistemas de información y vigilancia.
El documento también reconoce problemas de salud mental en la población adolescente. Con datos del SINAVE correspondientes a 2024, registra crisis de depresión en un 10,1 % de las adolescentes y un 7,3 % de los varones adolescentes, y plantea la necesidad de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano.
Sin embargo, el entorno digital no aparece desarrollado como un ámbito específico de intervención. El Plan no establece líneas particulares para medir, prevenir o atender problemas asociados al uso de pantallas, teléfonos inteligentes o redes sociales entre niños, adolescentes y jóvenes. Entre las amenazas contemporáneas para la salud mental que identifica figuran las desigualdades sociales y económicas, las emergencias sanitarias y humanitarias y la crisis climática, pero no los riesgos vinculados al entorno digital.
Análisis de los instrumentos nacionales
La Estrategia Nacional de Salud Digital 2024-2028 organiza la transformación tecnológica del sistema sanitario alrededor de seis líneas estratégicas, entre ellas regulación, alfabetización en salud digital, sistemas de información, tecnologías emergentes y servicios digitales. Su enfoque está dirigido principalmente a utilizar la tecnología para mejorar el sistema de salud, ampliar el acceso y modernizar la atención mediante herramientas como la telemedicina, la inteligencia artificial y la interoperabilidad.
El documento contempla también mecanismos de protección relacionados con la seguridad, privacidad y uso ético de los datos de salud, así como programas para desarrollar capacidades digitales entre profesionales, pacientes, familias y comunidades.
Sin embargo, no desarrolla una línea específica de bienestar digital para prevenir o atender los posibles efectos del uso problemático de pantallas, teléfonos inteligentes o redes sociales sobre la salud mental, ni una política particular dirigida a niños y adolescentes frente a estos riesgos.
La diferencia es importante: salud y bienestar digitales no son equivalentes. La primera utiliza la tecnología para mejorar la salud y los servicios sanitarios; la segunda obliga también a preguntarse cómo el uso de esa tecnología puede afectar la salud.
El país cuenta, por tanto, con una hoja de ruta para digitalizar la salud, pero no encuentra en este instrumento una estrategia equivalente para afrontar los riesgos para la salud derivados de la vida digital.
La Agenda Digital 2030, publicada en 2022, coloca la conectividad, la formación y la incorporación de la tecnología al sistema educativo entre las prioridades de la transformación digital dominicana. Entre sus objetivos figuran desarrollar competencias digitales en estudiantes y docentes, incorporar tecnologías a la educación preuniversitaria y fomentar la formación STEAM entre niñas, niños y adolescentes.
El documento también incorpora una dimensión de protección. Plantea un uso seguro y confiable de las tecnologías y, desde la ciberseguridad, establece indicadores relacionados con seguridad en Internet, protección de la información, mecanismos de denuncia y redes sociales.
Sin embargo, esa protección no se extiende de manera específica al bienestar digital y la salud mental de niños y adolescentes. La Agenda no desarrolla líneas particulares para prevenir o medir el uso problemático de teléfonos inteligentes, pantallas o redes sociales, ni incorpora indicadores sobre dependencia tecnológica o sus posibles efectos sobre el sueño, la salud mental y la vida cotidiana.
El contraste aparece incluso en sus mecanismos de medición: contempla indicadores para conocer cuántos estudiantes tienen acceso a contenidos digitales, dispositivos e Internet y cuánto utilizan los equipos, pero no establece indicadores equivalentes sobre los posibles efectos de esa exposición.
Una protección que todavía está en borrador
El vacío, sin embargo, comienza a ser reconocido por el propio Estado. Y la señal más clara aparece en un texto que todavía no es ley.
El anteproyecto que reformaría la Ley 136-03 representa el avance más explícito del Estado dominicano para incorporar los riesgos del entorno digital al sistema de protección de la niñez y la adolescencia. El borrador, actualizado al 10 de junio de 2026, reconoce el derecho a un entorno digital seguro y distribuye responsabilidades entre el Estado, las familias, los centros educativos y los proveedores de servicios digitales.
La propuesta va más allá de la ciberseguridad. Introduce el concepto de «ciberdependencia», definido como el uso persistente y desproporcionado de tecnologías o entornos digitales que interfiere significativamente con el bienestar y el desarrollo integral de los menores. También contempla alfabetización digital, controles parentales, diseños seguros por defecto y medidas frente al ciberacoso, contenidos nocivos, sobreexposición, vulneración de la privacidad y determinados riesgos asociados a algoritmos e inteligencia artificial.
Pero estas disposiciones todavía no forman parte del marco legal vigente. El propio documento se identifica como un borrador en proceso de revisión y advierte que podrá sufrir modificaciones durante su socialización.
El desafío ya no es solo conectar
Durante la última década, República Dominicana amplió el acceso a Internet, desarrolló infraestructura y colocó la transformación tecnológica entre las prioridades de la gestión pública. Ese mismo proceso plantea ahora una pregunta distinta: qué ocurre con las generaciones que están creciendo dentro del ecosistema digital que el país ha contribuido a expandir.
¿Cuántos niños y adolescentes presentan patrones problemáticos de uso? ¿Cómo está afectando esa exposición al sueño, la salud mental, el rendimiento escolar o las relaciones familiares? ¿Qué mecanismos existen para detectarlos antes de que requieran atención clínica?
El país dispone de indicadores para medir conectividad, acceso, dispositivos y competencias digitales. Todavía no cuenta con una medición equivalente sobre el bienestar de quienes están detrás de las pantallas.
La reforma de la Ley 136-03 comienza a reconocer esa brecha. Pero mientras sus disposiciones permanezcan en borrador y las respuestas continúen repartidas entre distintas instituciones, el desafío seguirá abierto: no basta con incorporar a niños y jóvenes al país digital. También hay que construir las condiciones para protegerlos dentro de él.
