Por Yulen Jorge
En febrero de 2020, la suspensión de las elecciones municipales, provocada por fallas en el sistema de voto automatizado que impidieron la apertura normal de los comicios, desencadenó una crisis política e institucional que encontró en el cacerolazo una de sus expresiones más visibles.
En aquel entonces, el hoy presidente y su partido no sólo aplaudieron la manifestación, sino que la capitalizaron políticamente como el despertar de una ciudadanía que exigía democracia y condenaba los numerosos casos de corrupción en torno al gobierno del expresidente Danilo Medina.
Seis años después, los papeles se invierten. Quienes entonces respaldaban el cacerolazo desde la oposición hoy son quienes deben responder a él desde el gobierno. Uno de los aspectos que diferencia a esta convocatoria es su naturaleza orgánica.
Hasta el momento, no existen indicios de que esté siendo promovida por partidos políticos, organizaciones no gubernamentales o plataformas ciudadanas con estructura nacional, como ocurrió en otros momentos de protesta social – un ejemplo de ello, la icónica marcha verde-. La iniciativa ha circulado principalmente mediante redes sociales, donde ciudadanos han replicado la convocatoria sin que exista un comité organizador o un liderazgo claramente identificado.
El cacerolazo convocado para las 8:00 p.m. de este lunes 6 de julio podría convertirse en el pistoletazo de salida de una nueva etapa de presión ciudadana sobre el gobierno en contra de la corrupción, el agravamiento de la crisis económica y el reclamo por las promesas de campaña que el presidente Luis Abinader ha dejado sin cumplir en temas neurálgicos.
El búmeran político parece estar de regreso.
