Por Prisma
El Domingo de Ramos se inicia el operativo de Semana Santa con el objetivo de prevenir accidentes y tragedias en la época de mayor movilidad del país, cuando miles de personas se desplazan hacia zonas turísticas y hogares familiares en las provincias.
Este operativo viene acompañado de una serie de medidas, este año contenidas en la Resolución MIP-RR-0001-2026 del Ministerio de Interior y Policía, y busca reducir accidentes, riñas y muertes relacionadas con el alcohol. En teoría, persiguen el bien común, pero en la práctica evidencian una profunda estructura de elitismo.
Ciertamente, en sectores vulnerables existen grupos con conductas violentas y propensas a alterar el orden, pero son esos mismos grupos los que terminan condicionando al resto —que es la mayoría, especialmente familias— a privarse de unos días de disfrute, ante la falta de alternativas respaldadas por las autoridades.
Este sesgo social, más que una percepción subjetiva, podría sustentarse en las propias cifras de las autoridades que intervienen en los operativos. El Estado dominicano realiza una inversión millonaria significativa cada año en este dispositivo de seguridad que incluye decenas de miles de efectivos (policías, militares, ambulancias, helicópteros y otros recursos). Sin embargo, las muertes no presentan una tendencia sostenida a la baja.
El argumento de que estas restricciones de la Resolución salvan vidas contrasta con las estadísticas oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Entre el 70% y 85% de las muertes totales durante el asueto son causadas por accidentes de tránsito, no por riñas en barrios populares. En más del 80% de los incidentes fatales hay un motorista involucrado.
En 2025, por ejemplo, se registraron 32 fallecidos en total: 30 por accidentes de tránsito (de los cuales 26 involucraron motocicletas, es decir, el 86.7% de las muertes viales y el 81.25% del total) y 2 por asfixia por inmersión.
El costo del operativo implica, mayormente, servicios de emergencias (ambulancias y helicópteros), pero deja de lado causas estructurales como la regulación permanente del parque de motocicletas, la educación vial continua y la mejora de la cultura de seguridad en las carreteras.
Más del 80% de las muertes registradas durante el asueto están vinculadas a accidentes de tránsito, mientras que los conflictos sociales representan una fracción marginal.
LOS OTROS
Tomando como referencia sectores del norte del Distrito Nacional, las medidas de seguridad y restricciones de Semana Santa estarían impactando a una población conjunta de aproximadamente 155,000 a 175,000 personas. Este volumen poblacional se concentra principalmente en Cristo Rey, que cuenta con unos 52,000 habitantes, seguido de Domingo Savio (incluyendo La Ciénaga y Los Guandules) con cerca de 45,000 residentes, el sector de Capotillo con aproximadamente 38,000, Gualey con 21,000 y el área de La Zurza, que aporta cerca de 9,000 personas al total de la zona.
En estos sectores, donde el espacio promedio de las viviendas es reducido, la calle funciona como el principal espacio de esparcimiento para miles de familias. Las autoridades restringen y prohíben, pero no ofrecen alternativas, obligando a un encierro involuntario. El disfrute en República Dominicana tiene regulaciones según el sector donde se resida.
Las restricciones del asueto golpea con más fuerza a los sectores populares, mientras las clases más favorecidas se desplazan sin mayores obstáculos hacia destinos turísticos, evidenciando una aplicación desigual de las medidas
ALTERNATIVAS PARA EL OPERATIVO DE 2027
Estas propuestas no implican ignorar los riesgos y la imprudencia. Combinan prevención con la creación de espacios inclusivos y seguros.
Festivales barriales de bajo impacto. Los ayuntamientos y el Ministerio de Interior y Policía podrían organizar o apoyar pequeños festivales en parques, canchas deportivas o espacios comunitarios. Estas actividades contarían con seguridad perimetral, control de decibeles y horarios razonables.
Rutas de transporte público gratuito para trasladar desde barrios hacia balnearios públicos seleccionados. El costo de estas rutas sería marginal comparado con el gasto actual en emergencias.
Piscinas municipales temporales. Instalación supervisada de piscinas portátiles de gran capacidad en polideportivos, plazas públicas y centros comunitarios. Estas instalaciones operarían con personal de Salud Pública, socorristas y control de acceso, ofreciendo una alternativa segura y familiar para los niños y jóvenes de los sectores vulnerables.
Fuentes consultadas:
Centro de Operaciones de Emergencias (COE). Boletines finales del operativo “Conciencia por la Vida” Semana Santa 2022-2025.
Ministerio de Interior y Policía (MIP). Resolución MIP-RR-0001-2026.
Oficina Nacional de Estadística (ONE). Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022.
Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). Mapas de pobreza y caracterización socioeconómica del Distrito Nacional.
Policía Nacional Dominicana e INTRANT (datos complementarios de seguridad vial).
