Por Prisma
El denominado Plan Anticrisis del Gobierno entró en una nueva etapa con el inicio formal de su procesamiento en el Congreso Nacional, donde una comisión bicameral tendrá la responsabilidad de analizar la propuesta y rendir un informe para su discusión en ambas cámaras.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que el Congreso actuará pensando en “lo mejor para el pueblo” durante el estudio de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo con el título: Proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.
La comisión bicameral será coordinada por el senador Pedro Catrain y tendrá a su cargo el análisis de una de las propuestas económicas más relevantes impulsadas por el gobierno en lo que va de legislatura. El proyecto contempla medidas destinadas a generar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, al tiempo que incorpora incentivos para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ampliación de deducciones tributarias y modificaciones en algunos gravámenes específicos.
Reacciones
La Fuerza del Pueblo ha sido la organización política más crítica de la propuesta. Su presidente, Leonel Fernández, sostiene que las medidas constituyen una reforma fiscal encubierta y ha advertido que la población no está en condiciones de asumir nuevas cargas tributarias en medio del aumento del costo de la vida.
Desde el Gobierno, en cambio, se insiste en que la iniciativa no representa una reforma tributaria integral, sino un conjunto de medidas orientadas a preservar la estabilidad económica, proteger programas sociales y enfrentar los efectos de la incertidumbre internacional.
Sectores productivos
Mientras la confrontación política se concentra en la conveniencia de las medidas, los gremios empresariales y comerciales enfocan sus esfuerzos en el contenido específico del proyecto.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) ha planteado la necesidad de que cualquier ajuste fiscal esté acompañado de una mayor eficiencia del gasto público, una ampliación de la base tributaria y acciones más efectivas contra la evasión.
Por otro lado, la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) ha valorado positivamente disposiciones como la eliminación del anticipo para microempresas y la ampliación del Régimen Simplificado de Tributación, al considerar que responden a reclamos históricos del sector.
En la misma línea, representantes del comercio organizado han expresado respaldo a varias de las medidas propuestas, aunque han pedido mecanismos que protejan a los pequeños negocios de posibles efectos adversos.
Aunque el oficialismo cuenta con mayoría en ambas cámaras, el proceso legislativo abre un espacio para que partidos políticos, gremios empresariales y organizaciones sociales intenten introducir modificaciones a la iniciativa.
Por el momento, no se han anunciado cambios al texto original ni se han presentado enmiendas formales. Sin embargo, la instalación de la comisión bicameral marca el inicio de una fase de negociaciones que podría definir el alcance final de una propuesta que el gobierno considera clave para enfrentar los desafíos económicos derivados de la crisis internacional.
