Por Helena Robles
La justicia dominicana vivió esta semana una escena inédita para toda una generación: tribunales parcialmente paralizados, audiencias suspendidas y jueces vestidos con togas negras leyendo manifiestos frente a los palacios de justicia.
El paro nacional realizado el jueves 21 de mayo por jueces y servidores judiciales no solo interrumpió el ritmo habitual del sistema judicial, también rompió 29 años de silencio institucional y dejó al descubierto el profundo malestar acumulado dentro del Poder Judicial.
Aunque existió un antecedente similar en 1997, especialistas coinciden en que la protesta de 2026 ha sido la más grande, organizada y concurrida de la historia moderna de la judicatura dominicana.
Más de 450 magistrados y cerca de 2,000 servidores judiciales participaron en la jornada, según los organizadores, provocando la suspensión masiva de audiencias en distintos departamentos judiciales del país. La movilización fue encabezada por la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales y la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), bajo la consigna: “La justicia también necesita justicia”.
La escena resultó particularmente simbólica en un poder del Estado caracterizado históricamente por la prudencia y el apego a los canales institucionales. Durante casi tres décadas, los jueces dominicanos evitaron recurrir a medidas que afectaran directamente el servicio judicial.
Más allá del salario
Aunque la discusión pública se concentró inicialmente en el tema salarial, los reclamos del sector judicial abarcan problemas estructurales acumulados durante años.
Entre las principales demandas figuran la aplicación efectiva de la escala salarial y la política de antigüedad aprobadas hace años, la reducción de la sobrecarga laboral provocada por la falta de jueces y personal administrativo, así como mejoras urgentes en la infraestructura de los tribunales.
Los manifestantes también denunciaron el deterioro de numerosas sedes judiciales, problemas de mantenimiento y deficiencias de seguridad. Otro de los puntos centrales es el presupuesto del Poder Judicial. Los gremios sostienen que actualmente recibe menos del 1 % del Presupuesto Nacional, pese a que la ley establece una asignación de 2.66 %. A esto se suma la preocupación por la creciente fuga de personal. Según datos ofrecidos por los organizadores, más de 575 servidores judiciales renunciaron entre enero de 2025 y abril de 2026.
Muchos jueces participaron utilizando símbolos de luto en sus togas y birretes, en señal de que consideran amenazada la dignidad de quienes administran justicia.
La protesta de 1997
La última vez que los jueces realizaron una paralización similar fue en 1997, cuando suspendieron audiencias en demanda de mejoras salariales y mayor presupuesto para el sistema judicial.
Aquella protesta tuvo impacto en su momento, pero fue considerablemente menor en alcance y nivel organizativo que la de este año. En 2011 también se registraron movilizaciones dentro del sistema judicial, aunque estuvieron protagonizadas principalmente por empleados administrativos y no por magistrados.
Por eso, el paro de 2026 ha sido interpretado como un punto de inflexión dentro del Poder Judicial y como la primera gran protesta judicial del siglo XXI en República Dominicana.
