Por Itania Maria
“Soy humano”, gritaba como forma de disculpa mientras era conducido al tribunal el motoconchista que, hace una semana, inflado por un “yo todo lo puedo” y sintiéndose protegido por el lema “Un golpe a uno e’ un golpe a tó’”, agredió físicamente a un chofer de autobús escolar.
Este caos y el irrespeto vinculados a una parte del sector motoconchista llevan años fraguándose a la sombra de la impunidad, del “déjenlos hacer”, de la ausencia de controles y de un régimen de consecuencias que durante demasiado tiempo pareció inexistente.
La conducta del motoconchista Gregori Gelabert González es apenas una pequeña muestra de lo que ocurre diariamente en calles y avenidas dominicanas y que muchas veces ni siquiera llega a los medios de comunicación.
De acuerdo con una publicación de Prisma del pasado 19 de mayo, en la República Dominicana circulan actualmente más de 3.9 millones de motocicletas registradas (DGII, mayo de 2026). El país figura desde hace años entre los de mayor mortalidad vial de la región y la mayoría de los accidentes fatales involucran motocicletas; un 70 %, según datos del Intrant. Mientras tanto, el incumplimiento de normas básicas continúa normalizándose: circular sin casco, sin placas visibles, en vía contraria, sobre las aceras o ignorando semáforos.
Pero el problema ya no es solamente de tránsito; es un problema cultural. Una sociedad empieza a deteriorarse cuando la ley deja de percibirse como un límite y comienza a verse como una sugerencia opcional. Durante años se ha enviado un mensaje peligroso: si la falta se repite suficientes veces y suficientes personas la cometen, termina pareciendo aceptable. Y la costumbre jamás convierte lo incorrecto en correcto.
También resulta incómodo decirlo, pero alguien debe hacerlo: durante demasiado tiempo autoridades, políticos y sectores organizados han preferido administrar el problema en lugar de enfrentarlo. Se negocia, se tolera y se pospone porque imponer orden tiene un costo político. Mientras tanto, el ciudadano común aprende una lección devastadora: cumplir las reglas parece convertirlo en el ingenuo de la historia, mientras quien desafía las normas actúa con la sensación de que difícilmente tendrá consecuencias.
Y la gente tiene miedo incluso de un roce mínimo porque existe la percepción de que una discusión puede escalar rápidamente y terminar en agresiones colectivas. El país no puede seguir normalizando una realidad donde ciudadanos honestos sienten temor y quienes desafían las normas sienten protección. Cuando el miedo cambia de lado y quien cumple la ley se siente más vulnerable que quien la viola, el problema ya dejó de ser de tránsito: es un problema de país.
Porque una sociedad no comienza a romperse cuando aparecen los violentos; comienza a romperse cuando los violentos dejan de temerle a las consecuencias.
