Por Julio Hazim
Cuando el poder deja de explicar, alimenta la sospecha. Y en una democracia frágil, esa sospecha erosiona instituciones, discursos y liderazgos. No se puede gobernar indefinidamente a base de relatos que cambian según la conveniencia del momento, ni pedirle a la ciudadanía que acepte sin preguntas lo que ayer se presentó como verdad absoluta.
El derecho a opinar y a cuestionar no es una concesión del poder, sino una obligación cívica frente al hermetismo. Se puede confundir a una parte de la población durante un tiempo, pero no a todo un país para siempre. Por eso, exigir claridad no es un exceso ni un gesto de confrontación: es defender un principio esencial de la vida democrática.
