Por Prisma
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Reymundo Mejía Zorrilla, comenzará a emitir a las 10:00 de la mañana de este lunes su decisión sobre el juicio preliminar seguido a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, propietarios de la desaparecida discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas y las lesiones sufridas por más de 180 sobrevivientes.
La decisión marcará uno de los momentos más trascendentales del proceso judicial derivado de la mayor tragedia ocurrida en un centro de entretenimiento en la historia reciente de la República Dominicana.
El magistrado deberá determinar si existen elementos de prueba suficientes para ordenar la apertura de un juicio de fondo contra los imputados o si, por el contrario, dicta un auto de no ha lugar que cierre el proceso penal en esta etapa.
La audiencia preliminar concluyó el pasado 1 de mayo, cuando el tribunal dejó el expediente en estado de fallo tras escuchar los argumentos del Ministerio Público, los abogados de las víctimas, los querellantes particulares y la defensa de los hermanos Espaillat.
Contexto
El caso tiene su origen en el colapso del techo de la discoteca Jet Set ocurrido la madrugada del 8 de abril de 2025, mientras se desarrollaba una presentación artística del merenguero Rubby Pérez.
El desplome provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos, además de una profunda conmoción nacional por la magnitud del desastre. Entre las víctimas figuraban empresarios, profesionales, figuras públicas, deportistas y el propio intérprete Rubby Pérez.
La investigación del Ministerio Público sostiene que existió una conducta negligente en el manejo y mantenimiento de la estructura de la discoteca. Durante las audiencias se presentaron evidencias sobre modificaciones realizadas a la edificación, instalaciones técnicas acumuladas sobre la cubierta y reportes previos de deterioro que, según la acusación, no recibieron una respuesta adecuada.
La acusación y el debate jurídico
El Ministerio Público acusa a Antonio y Maribel Espaillat de homicidio involuntario y de causar lesiones involuntarias a los sobrevivientes. Sin embargo, varios querellantes han solicitado una recalificación de los hechos bajo figuras penales más graves, argumentando que los propietarios conocían los riesgos estructurales del establecimiento y aun así permitieron su funcionamiento.
Uno de los elementos más debatidos del expediente ha sido la alegada existencia de advertencias previas sobre el deterioro del techo y las condiciones de seguridad del local. La acusación sostiene que los propietarios tenían conocimiento de problemas estructurales que se habían manifestado durante años antes de la tragedia.
Un fallo con alto impacto
La decisión de este lunes no determinará la culpabilidad o inocencia de los imputados, pero sí definirá si el caso avanza a un juicio de fondo, donde se conocerán de manera pública y contradictoria todas las pruebas reunidas por las partes.
El proceso ha generado una enorme expectativa social debido al elevado número de víctimas, a las dimensiones de la tragedia y a los cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión de edificaciones de uso público en el país.
Más de un año después del derrumbe, familiares de las víctimas y sobrevivientes continúan reclamando justicia y responsabilidades por un hecho que transformó para siempre la vida de cientos de familias dominicanas.
