Por Helena Robles
El acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) abre la puerta a una de las transformaciones más ambiciosas del sistema educativo dominicano en materia de movilidad: incorporar la educación vial como parte estructural de la formación estudiantil. Sin embargo, aunque la iniciativa ya comenzó a dar pasos concretos, todavía persisten dudas sobre cuándo y cómo llegará de manera masiva a todas las escuelas del país.
La medida forma parte de los lineamientos establecidos en la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, y contempla que los estudiantes de bachillerato reciban formación en temas relacionados con normas de tránsito, prevención de accidentes y comportamiento responsable en las vías.
Según lo anunciado hasta ahora, la educación vial no sería impartida como una asignatura independiente tradicional, sino bajo un esquema transversal integrado a distintas áreas del currículo escolar, acompañado de talleres, actividades complementarias y programas formativos especiales.
El reglamento de aplicación de la Ley 63-17 establece además que aspectos clave como el contenido académico, la metodología de enseñanza, los mecanismos de evaluación y el calendario oficial de ejecución deberán definirse mediante normativas técnicas posteriores, lo que explica parte de la lentitud en su implementación definitiva.
A pesar de ello, el programa ya comenzó algunas fases preparatorias. En enero de 2024, el Ministerio de Educación y el Intrant iniciaron jornadas de capacitación de cuatro días dirigidas a docentes y facilitadores, con el objetivo de crear una red de multiplicadores que posteriormente llevarían la formación a las aulas.
Las autoridades también han vinculado el proyecto a una meta presidencial orientada a formar 300,000 adolescentes en seguridad vial para el año 2028, lo que sugiere una implementación gradual y escalonada.
No obstante, todavía no existe una fecha pública clara para el inicio generalizado del programa en todos los centros educativos. Reportes recientes incluso señalaban que la incorporación obligatoria al pénsum escolar debía comenzar desde enero de 2025, aunque el proceso continuaba pendiente por ajustes técnicos y la preparación de materiales audiovisuales y pedagógicos.
La iniciativa surge en un contexto donde República Dominicana mantiene altos índices de accidentes de tránsito, especialmente vinculados al uso de motocicletas, y donde distintos sectores han reclamado durante años una política de formación preventiva desde las escuelas.
Por el momento, el acuerdo entre el Intrant y el Minerd define la ruta general: educación vial integrada al currículo, capacitación docente y aplicación progresiva. Sin embargo, aún quedan pendientes detalles esenciales sobre el cronograma definitivo, los mecanismos de evaluación y la capacidad logística para implementarlo de forma uniforme en el sistema educativo nacional.
