Prisma
En la continuación de la audiencia preliminar por la tragedia de la discoteca Jet Set, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, solicitó formalmente que se garantice el derecho de todas las víctimas a ser escuchadas ante el tribunal de manera individual.
Durante la jornada de hoy, el magistrado Camacho cuestionó cualquier intento de limitar o segmentar el derecho de palabra de los afectados por el colapso del establecimiento. “Lo que sí me llama la atención es que el tribunal condicione a que unas víctimas se expresen y otras no”, señaló Camacho, apelando al principio de igualdad de armas frente a la defensa de los imputados Antonio y Maribel Espaillat.
Justicia con rostro humano: La víctima no es un “convidado de piedra”
El representante del Ministerio Público subrayó que, tras la reforma procesal de diciembre de 2025, el sistema dominicano ha evolucionado para otorgar un rol activo a quienes sufren el daño. Camacho destacó tres pilares fundamentales de su argumentación jurídica:
- Igualdad de partes: Garantizar que las víctimas tengan el mismo espacio de expresión que los acusados.
- Actualización normativa: El uso del término “partes” en lugar de solo “imputado” para integrar plenamente a los afectados en la dinámica del juicio.
- Derecho a la voz directa: La necesidad de que cada víctima pueda narrar su experiencia sin intermediarios que condicionen su testimonio.
Un deber ético ante la tragedia
El magistrado concluyó su intervención recordando que las víctimas del caso Jet Set no eligieron estar en este proceso, sino que son el resultado de las acciones de los administradores del centro de eventos.
“Las víctimas no eligen venir a los procesos; las víctimas vienen a los procesos porque hechos de los acusados las traen aquí. Entonces, lo menos que podemos hacer es escucharlas”, puntualizó el procurador adjunto.
Con esta solicitud, el Ministerio Público reafirma su compromiso con la tutela judicial efectiva en un caso que busca sentar un precedente sobre la responsabilidad civil y penal en infraestructuras de uso público en la República Dominicana.
