Por Yulen Jorge
En República Dominicana, el sistema de salud pública arrastra fallas estructurales bien conocidas: hospitales saturados, escasez crónica de insumos, déficit de personal, infraestructura deteriorada y una desigualdad territorial que obliga a miles de pacientes a desplazarse largas distancias para recibir atención. Estas deficiencias han sido ampliamente documentadas en informes académicos, institucionales y en los medios. Sin embargo, la respuesta oficial suele limitarse a notas de prensa y visitas guiadas.
En el caso de los niños con trastorno del espectro autista (TEA), la situación es aún más grave. Apenas existen cuatro centros especializados para una población que, según estimaciones internacionales, podría superar los 30,000 niños. Ni siquiera contamos con datos oficiales confiables. Sin cifras reales, ¿cómo diseñar políticas públicas serias?
Los altos costos —que la mayoría de las familias no pueden asumir—, las listas de espera de hasta cuatro años, la falta de acceso a educación inclusiva y la ausencia total de un protocolo o plan nacional que alivie la carga económica y emocional de estas familias, no han generado la misma urgencia institucional. El Ministerio de Salud Pública no ha presentado ninguna estrategia concreta para enfrentar este problema.
El caso del doctor José Ernesto Fadul ilustra con claridad esta desproporción. Ante denuncias sobre su práctica, el Ministerio actuó con rapidez: intervención del consultorio, inspecciones, toma de muestras y peritajes. En principio, eso es correcto. El Estado tiene la obligación de supervisar y sancionar irregularidades.
El problema no es la acción en sí, sino la proporción y la selectividad.
Mientras un caso individual activa todos los mecanismos de control en cuestión de días, las fallas estructurales que afectan a cientos de miles de personas siguen operando con la misma inercia de siempre.
Ha pasado más de treinta días desde las primeras acciones contra el consultorio del doctor Fadul y, más allá de los peritajes y análisis realizados, no se ha producido, al menos no se ha hecho público, reuniones con especialistas del sistema ni con las familias que reportan mejoras con el tratamiento del doctor. La investigación parece centrarse exclusivamente en encontrar irregularidades, sin explorar si hay elementos útiles que podrían incorporarse al sistema público. Esto genera la percepción de que se trata más de una cacería que de una verdadera labor de regulación y búsqueda de soluciones.
Esto plantea una pregunta incómoda: ¿por qué el sistema reacciona con mayor contundencia ante un consultorio privado que ante fallas estructurales que afectan diariamente a cientos de miles de dominicanos?
