Por Prisma
El tribunal evaluará un robusto expediente sustentado por el Ministerio Público, compuesto por decenas de testimonios y peritajes técnicos. La acusación formal gira en torno a las figuras de homicidio involuntario y golpes o heridas involuntarias por negligencia, un punto que mantiene dividida a la opinión pública y a los familiares de las víctimas, quienes han exigido una recalificación de la falta dada la magnitud de las pérdidas humanas.
A la par del debate penal, el proceso abarca una compleja dimensión civil en la que figuran como demandadas diversas entidades corporativas vinculadas a los imputados. Actualmente, los acusados enfrentan el juicio bajo medidas cautelares que incluyen garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
Este juicio de fondo representa el cierre de la etapa preparatoria y la apertura del debate contradictorio definitivo, donde el tribunal dictaminará si existió responsabilidad penal en el mantenimiento del recinto o si se trató de un fallo imprevisto e indetectable de la estructura.
Una de las principales interrogantes que deberá responder la justicia se remonta a las semanas y meses previos a la tragedia: ¿qué se sabía sobre las condiciones reales del techo antes de que colapsara?
La respuesta estará en el centro de la confrontación entre el Ministerio Público y la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, imputados tras la tragedia que dejó un saldo de 236 fallecidos y más de un centenar de heridos.
La acusación sostiene que existieron señales de advertencia sobre fallas en la edificación y que la administración recibió reportes directos sobre filtraciones, desprendimientos de material y deterioro del techo. Por su parte, la defensa controvierte esa interpretación y sustentará su postura en peritajes independientes con conclusiones distintas sobre las causas mecánicas del colapso.
El juicio que comienza este viernes trasladará esas versiones del expediente al escenario donde deberán ser probadas. Fotografías, videos, comunicaciones internas, testimonios de empleados y dictámenes estructurales serán examinados para responder la cuestión determinante del proceso: qué información tenían los administradores antes del derrumbe y qué acciones tomaron al respecto.
