Por Yulendys Jorge
La Cámara de Diputados aprobó este 22 de julio, en dos lecturas consecutivas, el Proyecto de Ley que promueve, incentiva y reconoce el voto ciudadano responsable. La pieza fue introducida en el hemiciclo en marzo de 2025 por el diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño. Tras su aprobación, la iniciativa pasa ahora al Senado para su ponderación.
El proyecto busca enfrentar los índices de abstención en las jornadas electorales. En los comicios municipales de febrero de 2024, la abstención alcanzó un histórico 53.3 %, mientras que en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo de ese mismo año se situó en un 45.6 %. Se trata de los niveles de apatía electoral más altos registrados en más de seis décadas en el país, acentuados en las zonas urbanas y entre los jóvenes. Sin embargo, el proyecto asume un diagnóstico reduccionista al pretender cambiar el panorama ofreciendo beneficios materiales directos.
Entre los estímulos aprobados destacan exenciones de pago en certificaciones, duplicados de cédula y actas de nacimiento; un 15 % de descuento en pasaportes; un 25 % de rebaja en la matrícula de universidades estatales; medio día libre remunerado para trabajadores formales y “condición preferencial de elegibilidad” en caso de empate para concursos de empleos públicos, asignación de viviendas, becas, adjudicación de obras y programas sociales. La constatación física para acceder a estas prerrogativas será una tarjeta oficial emitida por la Junta Central Electoral con la leyenda “YO VOTÉ”.
¿Qué ocurre cuando el Estado comienza a premiar el ejercicio de un derecho político en un país donde el intercambio de favores por apoyo electoral forma parte de la cultura política?
La República Dominicana presenta una persistencia histórica de prácticas clientelares en los procesos electorales. De acuerdo con estudios de Participación Ciudadana y datos del Barómetro de las Américas (LAPOP), a casi una cuarta parte de los votantes dominicanos se le ofrece algún beneficio personal a cambio del voto durante las campañas, situando al país entre las naciones con mayor prevalencia de compra de voluntades en la región. En este contexto socioeconómico, otorgar preferencia de acceso a bienes estatales finitos sobre la base de haber votado no elimina el intercambio transaccional de la política, sino que lo formaliza.
La operatividad de los incentivos planteados en el proyecto introduce una discusión sobre la naturaleza del voto como acto cívico ciudadano a través del cual se eligen las autoridades en sistemas democráticos y sobre la posibilidad de que una parte de la población los perciba como una opción o condición para acceder a empleos y beneficios estatales. Además, esta ley, de aprobarse, abriría un espacio de inequidad entre los votantes, ya que aquellos que no puedan asistir a la votación por razones ajenas a su voluntad podrían quedar en desventaja frente a quienes sí pudieron ejercer el sufragio.
Abstención histórica
La abstención de 2024 fue más alta que en 2020 (con pandemia). Lo que sugiere que el problema es estructural y no coyuntural. En las municipales de febrero la abstención fue de un 53.3 %, mientras que en las presidenciales y congresuales, en mayo, el porcentaje fue de 45.6 %.
Las explicaciones sobre la desidia electoral son multicausales y proceden de fuentes de distinta naturaleza: razones declaradas por los abstencionistas en encuestas, interpretaciones académicas, datos oficiales y análisis institucionales, así como informes de observación electoral. Para una lectura más clara, pueden agruparse en cuatro categorías:
1. Desencanto político
Las encuestas Gallup-RCC muestran que las razones más mencionadas fueron el descontento con los partidos (20 %), la desconfianza en la clase política (15.4 %), el descontento con el gobierno (7.2 %) y la falta de interés en los candidatos (4 %).
2. Desconfianza y desencanto con la política
Investigadores del INTEC sostienen que una parte importante de la ciudadanía percibe que las diferencias entre los partidos son escasas y que el voto difícilmente produce cambios significativos. El Barómetro de las Américas registró además que el 62 % de la población manifiesta desconfianza hacia la clase política.
3. Barreras prácticas
Según Gallup y los análisis posteriores de la JCE, también incidieron factores logísticos como el trabajo, los problemas de transporte, la distancia al recinto electoral, los cambios de domicilio y las dificultades para votar desde el exterior. La JCE reconoció estos factores al encargar una investigación nacional junto con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).
4. Factores culturales
La baja cultura cívica y la persistencia de prácticas clientelares siguen influyendo en la relación de muchos ciudadanos con el voto, según estudios de comportamiento político y los informes de observación de Participación Ciudadana.
Panorama clientelar criollo
El clientelismo electoral en la República Dominicana no es una práctica marginal o coyuntural, sino una estructura enquistada en el sistema político. Según las mediciones del índice Varieties of Democracy (V-Dem 2024), citadas por la organización Participación Ciudadana (PC), el país obtiene el segundo peor puntaje de toda América Latina en el indicador de compra de votos entre las democracias regionales, únicamente superado por Honduras. Esta realidad coincide con los hallazgos del Barómetro de las Américas de LAPOP que posicionan al país como el escenario donde el clientelismo electoral alcanza su mayor prevalencia regional.
El alcance de esta dinámica quedó evidenciado durante el proceso electoral de 2024 a través de la observación directa e informes intermedios de Participación Ciudadana en los centros de sufragio.
En las elecciones municipales del 18 de febrero de 2024, los reportes de compra de votos y cédulas alcanzaron entre un 21 % y un 26 % de los recintos observados, según los boletines parciales del día y el resumen contenido en el Quinto Informe de Observación Electoral – Elecciones Presidenciales, Congresuales y Municipales del 2024 (Participación Ciudadana, agosto 2024).
Por otro lado, durante las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, la red de observación de Participación Ciudadana registró indicadores de compra y venta de votos en aproximadamente el 16 % al 16,6 % de los centros monitoreados, de acuerdo con los informes de la jornada de la mañana y de la tarde del mismo día, así como con el mencionado informe final de observación electoral.
Este mismo informe de PC, indica que “sólo en donaciones de efectivo para hogares y personas, fue invertida en campaña la suma de RD$ 460 millones. A esta cifra se suman gastos en alimentos y bebidas, material de construcción y reparación de viviendas (blocks, cemento, madera, zinc, etc.), mobiliario y electrodomésticos (camas, estufas, abanicos, etc.) y otros (útiles escolares, medicinas, calzado, fertilizantes, etc.), que en conjunto elevan el gasto potencial en compra de votos a RD$ 600 millones”. Y agrega que otro gasto potencial en clientelismo electoral lo constituye el desembolso en concepto de contratación de personal para la campaña, principalmente entre militantes del partido. Entre personal fijo, temporero y pago de horas extraordinarias, el monto reportado por los candidatos es de RD$ 126.5 millones.”
Las Ley Orgánica del Régimen Electoral (Núm. 20-23) y de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos (Núm. 33-18) prohíben la compra de voluntades electorales, la compra de votos, pero la evasión de estas reglas se canaliza a través de programas sociales de diversas naturalezas dependiendo del sector social o gremial.
¿Cómo el proyecto puede incentivar, además del voto, el clientelismo?
| Riesgo | |
| Institucionalización del intercambio | Condicionar el acceso a determinados beneficios públicos a la acreditación del voto (empleos, becas, vivienda y planes sociales) formaliza lo que hoy ocurre de forma informal y a menudo ilegal. |
| Preferencia en concursos públicos | La “condición preferencial de elegibilidad” en empleos, obras, compras públicas y planes de vivienda puede ser usada por funcionarios para favorecer a “votantes leales” o para negociar apoyos. |
| Uso político del certificado “YO VOTÉ” | El documento físico puede convertirse en moneda de cambio o en herramienta de control por parte de operadores políticos locales. |
| Sesgo hacia sectores vulnerables | Los beneficios (vivienda, empleo público, becas) son especialmente atractivos para poblaciones de bajos ingresos, el mismo grupo más expuesto históricamente al clientelismo. |
| Debilitamiento de la motivación intrínseca | Premiar el deber cívico puede erosionar la idea de que votar es un acto de ciudadanía libre y no una transacción. |
Factores para tener en cuenta que agravan el riesgo en el contexto dominicano
- Discrecionalidad en la asignación de empleos públicos, planes de vivienda y becas.
- Procesos institucionales para fiscalizar la implementación de la ley.
- Falta de mecanismos claros de auditoría sobre cómo se verificará y aplicará la “preferencia” a los votantes.
De acuerdo con los registros de la Cámara de Diputados y de la Junta Central Electoral, los proponentes del proyecto pertenecen a los siguientes partidos:
| Diputado | Partido |
| Eugenio Cedeño Areché | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| Ycelmary Brito O’Neal | Fuerza del Pueblo (FP) |
| Nolberto Ortiz de la Cruz | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| Miguel Arredondo Quezada | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| Luis Gómez Benzo | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| José Alberto Jiménez Santos | Partido Revolucionario Dominicano (PRD) |
| German Martínez Araujo | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| Enriqueta Rojas Javier | Fuerza del Pueblo (FP) (electa por el PLD en 2020 y actualmente diputada por FP) |
| Diómedes Omar Rojas | Partido Revolucionario Moderno (PRM) |
| Danilo Darío Díaz Vizcaíno (autor de la enmienda) | Partido de la Liberación Dominicana (PLD) |
La pieza reposa ahora en el Senado de la República. Si la Cámara Alta aprueba la norma sin establecer salvaguardas objetivas, mecanismos estrictos de fiscalización o una delimitación clara que impida el uso discrecional de la tarjeta “YO VOTÉ”, la República Dominicana habrá dado un paso peligroso: fortalecer e institucionalizar mediante el “voto responsable” la dinámica del clientelismo que ha erosionado la democracia y que, precisamente, influye en la apatía electoral de una parte importante de los dominicanos.
