Por Helena Robles
¿Cuánto cuesta obtener una certificación que otra institución pública ya posee? ¿Cuánto vale una mañana perdida haciendo filas? ¿Cuánto representa para una familia pagar transporte, fotocopias e impresiones para completar un trámite que podría resolverse mediante un intercambio de datos entre oficinas del Estado?
La respuesta es simple: nadie lo sabe.
República Dominicana no cuenta con una medición oficial que cuantifique el costo económico de la burocracia para ciudadanos y empresas. Tampoco existe un cálculo consolidado sobre las horas de trabajo, los desplazamientos o los recursos que se pierden cuando una institución exige documentos que otra dependencia pública ya tiene en sus registros.
Aunque no haya cifras precisas, el problema es cotidiano. Basta acudir a una oficina pública para escuchar frases como “traiga una copia de la cédula”, “busque una certificación” o “regrese cuando tenga el documento sellado”. En muchos casos, el ciudadano termina actuando como mensajero entre instituciones que pertenecen al mismo Estado.
Aunque no existe una valoración específica del costo de la duplicación documental, el gobierno sí ha medido los beneficios de reducir la burocracia.
Según el Ministerio de Administración Pública (MAP), el programa Burocracia Cero ha generado ahorros estimados en más de RD$60,000 millones, equivalentes aproximadamente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) de 2023. De acuerdo con la institución, esos resultados provienen de la simplificación de trámites, la reducción de tiempos de respuesta y la digitalización de servicios públicos.
Del papel al intercambio de datos
En ese contexto se inscribe el Decreto núm. 403-26, que aprueba el Reglamento del Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos de la Administración Pública.
Su objetivo es que las instituciones compartan información de forma segura para evitar que los ciudadanos tengan que trasladar documentos de una ventanilla a otra. En otras palabras, busca que sea el propio Estado quien consulte la información disponible en otra entidad, en lugar de exigir nuevamente los mismos documentos al usuario.
Si el sistema se implementa plenamente, procesos como la validación de identidad, certificaciones y registros podrán realizarse mediante el intercambio electrónico de información, reduciendo tiempos de espera, desplazamientos y costos para la población.
El desafío va más allá de la tecnología
El decreto no se limita a conectar sistemas informáticos. También establece reglas para la calidad de los datos, define responsabilidades entre las instituciones, fortalece la seguridad de la información, incorpora mecanismos de protección de datos personales y crea una estructura permanente de coordinación para garantizar que la interoperabilidad funcione de manera uniforme.
Sin embargo, el principal desafío será la implementación. La experiencia demuestra que muchas reformas administrativas avanzan con mayor lentitud de la prevista debido a limitaciones tecnológicas, presupuestarias y culturales.
La burocracia no desaparecerá únicamente porque exista un nuevo reglamento. El verdadero cambio llegará cuando los ciudadanos dejen de escuchar frases como “traiga una copia”, “vaya a buscar una certificación” o “regrese cuando tenga el documento sellado”.
Ese día, el ahorro no solo se reflejará en las cuentas del Estado. También se traducirá en menos tiempo perdido, menos gastos para las familias y una relación más eficiente entre los ciudadanos y la administración pública.
