Por Prisma
El profesor universitario y analista político Fernando Peña cuestionó el proceso mediante el cual fue aprobado el nuevo Código Penal (Ley No. 74-25) al afirmar que la legislación fue tratada “como si esto fuera una freiduría”, en alusión a la rapidez con la que, según dijo, fue conocida y aprobada una norma que todavía no ha entrado en vigencia y que ya enfrenta un paquete de modificaciones impulsadas por el propio Poder Ejecutivo.
Durante una entrevista en el programa Revista 110, Peña sostuvo que el hecho de que el gobierno haya planteado introducir más de una decena de cambios antes de que el Código entre en vigor evidencia que la reforma no fue sometida al análisis jurídico e institucional que requería una legislación de esa magnitud.
“El Código Penal que fue aprobado, convertido en ley y puesto en plazo para su implementación… el propio Poder Ejecutivo, quienes decidieron políticamente que se aprobara, están planteando 18, 20 y tantas modificaciones y todavía no ha entrado en vigencia. Lo que quiere decir que se actuó como si esto fuera una freiduría; haciendo las cosas rápido, a vapor y en caliente”, expresó.
El académico consideró que una pieza legislativa de esa importancia debió ser el resultado de un proceso de reflexión mucho más profundo, sustentado en criterios técnicos, constitucionales y jurídicos. Sin embargo, entiende que el caso del Código Penal forma parte de una dinámica más amplia de producción legislativa que, en su opinión, ha caracterizado los últimos años.
“Aquí hay una locura política“, afirmó, al sostener que el país vive una sucesión de reformas y modificaciones legales que se presentan de manera acelerada, sin una planificación integral del Estado ni una evaluación de sus consecuencias sobre el conjunto del ordenamiento jurídico. A su juicio, las leyes “van una sobre otra”, generando contradicciones e incertidumbre institucional.
Peña también manifestó sorpresa por el escaso cuestionamiento público que, según dijo, han recibido algunas disposiciones del Código Penal por parte de universidades, colegios profesionales y otros sectores especializados. Consideró que esas instituciones debieron advertir oportunamente sobre las implicaciones jurídicas de determinados artículos antes de la aprobación de la ley.
Para Fernando Peña, el debate trasciende el contenido de artículos específicos. En su opinión, el hecho de que una legislación de esta trascendencia requiera numerosas modificaciones antes incluso de entrar en vigencia revela una forma de legislar que amerita una reflexión más profunda sobre la calidad del proceso legislativo y el funcionamiento de las instituciones democráticas en el país.
