Por Helena Robles
La Cámara de Diputados estudia una iniciativa que propone que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) cubra el 100 % de los gastos médicos derivados de accidentes de tránsito de los motoconchistas. Sin embargo, la resolución no incluye estimaciones sobre cuánto costaría el programa ni cómo sería financiado.
La propuesta (03724-2024-2028-CD) fue presentada por el diputado por San Cristóbal, Antonio Brito Rodríguez, de la Fuerza del Pueblo, mediante una resolución que solicita al presidente Luis Abinader instruir al director ejecutivo de SeNaSa para diseñar un esquema especial de protección destinado a este sector.
El documento argumenta que los motoconchistas constituyen una población altamente expuesta a lesiones graves y que muchos carecen de una cobertura suficiente para enfrentar los costos de un accidente.
Sin embargo, la iniciativa deja abiertas algunas de las preguntas más importantes para cualquier política pública de esta naturaleza. La principal es cuánto podría costar cubrir al 100 % las atenciones derivadas de accidentes de tránsito de un sector que, según la propia resolución, involucra a unas 350,000 personas. A ello se suman otras interrogantes: quién financiaría el programa y cuál sería su impacto sobre las finanzas del sistema de salud.
Un sector en el centro del debate sobre seguridad vial
La resolución sostiene que las motocicletas representan el 56.5 % del parque vehicular nacional y que alrededor de 350,000 personas dependen directamente de actividades económicas vinculadas al motoconcho, la mensajería y los servicios de entrega.
Al mismo tiempo, las motocicletas ocupan un lugar central en el debate sobre movilidad urbana y seguridad vial. Las infracciones de tránsito, la circulación sin casco protector, el transporte irregular de pasajeros y la limitada fiscalización han convertido al sector en uno de los principales desafíos para las autoridades.
Los hospitales traumatológicos del país reciben de manera constante víctimas de accidentes de motocicleta, una realidad que genera elevados costos humanos, sociales y económicos.
La propia resolución describe lesiones frecuentes entre los conductores afectados, incluyendo traumatismos craneoencefálicos, fracturas de columna, piernas y tobillos, además de largos períodos de incapacidad laboral.
El vacío financiero
Aunque el documento dedica gran parte de su argumentación a justificar la necesidad social de la medida, no presenta estimaciones económicas sobre su implementación.
La pieza legislativa no especifica:
• Cuántos motoconchistas serían elegibles para el beneficio.
• Cuál sería el costo anual del programa.
• Qué institución asumiría el financiamiento.
• Si los beneficiarios realizarían algún tipo de aporte.
• Si se requerirían fondos adicionales del Presupuesto General del Estado.
• Si existe algún estudio actuarial o de sostenibilidad financiera que respalde la propuesta.
El único artículo resolutivo se limita a recomendar al presidente de la República instruir a SeNaSa para la creación de un seguro especializado con cobertura del 100 % en caso de accidentes.
La resolución fue depositada el 5 de febrero de 2025 y actualmente es estudiada por la Comisión Permanente de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, que deberá rendir un informe antes de que la pieza regrese al pleno para su eventual votación.
Más allá de su curso legislativo, el debate que plantea ya está sobre la mesa: cómo financiar una cobertura total para uno de los sectores más expuestos a los accidentes de tránsito y sobre el que persisten retos de fiscalización, formalización y cumplimiento de las normas de tránsito.
