Por Julio Hazim
La salud no es un favor: es una obligación irrenunciable del Estado. Ahí comienza la verdadera discusión y la gran distorsión. Cuando el acceso a la salud se administra como concesión, el ciudadano queda sometido al presupuesto, burocracia e intereses privados. Y eso no puede normalizarse. La medicina está vinculada con la vida, con la dignidad y con el derecho a recibir atención oportuna y de calidad. Por eso no puede reducirse al negocio de la enfermedad ni a la distribución de coberturas insuficientes. Un país serio no improvisa con la salud de su gente: la protege, la financia, la fortalece y la garantiza como derecho fundamental. Lo demás es abandono maquillado de asistencia pública.
