Por Yulen Jorge
El conflicto minero por el proyecto Romero, impulsado por GoldQuest en San Juan de la Maguana, podría trascender la discusión ambiental hasta convertirse en un catalizador de la tensión social que atraviesa República Dominicana.
Nuevas informaciones divulgadas por activistas y ambientalistas sugieren que el alcance de las concesiones y proyectos mineros va mucho más allá de San Juan. Si esa percepción continúa creciendo, el conflicto podría dejar de ser exclusivamente ambiental y transformarse en un punto de encuentro para otras inconformidades acumuladas.
Los grandes escándalos de corrupción suelen provocar indignación pasajera. Generan debates en redes sociales, comentarios en programas de opinión y algunos días de atención mediática, pero rara vez se traducen en movilizaciones multitudinarias. El país convive con una sensación permanente de desgaste e impotencia colectiva.
Sin embargo, el tema minero toca una fibra distinta, porque mientras la corrupción suele sentirse abstracta, los conflictos ambientales tienen territorio, agua, agricultura y comunidades concretas. La gente puede ignorar un expediente judicial, pero reacciona de otra manera cuando siente que lo que está en juego es el lugar donde vive o los recursos naturales de los que depende.
El gobierno enfrenta un escenario delicado porque esta discusión surge en un contexto marcado por la creciente desconfianza hacia las instituciones y por una percepción cada vez más extendida de connivencia entre el poder político y determinados sectores empresariales, por encima de los intereses del pueblo.
Subestimar el malestar que se expresa alrededor del tema minero podría ser un error de lectura. Las sociedades no siempre reaccionan por un hecho aislado, sino cuando varias frustraciones convergen en un punto. Y la minería, con su mezcla de promesas económicas y amenazas concretas al territorio y el agua, comienza a parecerse peligrosamente a ese detonante.
