Prisma
Aunque el presidente Luis Abinader aseguró en octubre de 2024 que sería corregida la disposición que reduce a dos años la vigencia de las licencias de conducir para personas mayores de 65 años, la medida continúa aplicándose y ha vuelto al centro del debate público tras las críticas del magistrado José Alejandro Vargas.
Durante LA Semanal con la Prensa del 28 de octubre de 2024, Abinader reaccionó a preguntas sobre el artículo 21 del Reglamento de Licencias de Conducir, contenido en el Decreto 6-19, que establece renovaciones más frecuentes para conductores de mayor edad.
“Ni yo ni muchos de ustedes conocíamos de la existencia de esa resolución y es bueno que se haya tratado, porque eso se va a corregir”, afirmó entonces el mandatario. En la misma intervención agregó que la disposición sería eliminada “en las próximas semanas”.
Sin embargo, más de un año después, ciudadanos mayores de 65 años continúan recibiendo licencias con vigencia reducida.
La controversia resurgió esta semana luego de que el magistrado del Tribunal Constitucional, José Alejandro Vargas, cuestionara públicamente la medida tras renovar personalmente su licencia de conducir.
A través de su cuenta en X, Vargas denunció que la disposición constituye una forma de discriminación basada exclusivamente en la edad.
“El artículo 39 de la Constitución prohíbe expresamente la discriminación por motivo de edad”, escribió el juez, quien además recordó jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional sobre la obligación del Estado de proteger de manera reforzada a las personas adultas mayores.
El magistrado sostuvo además que la norma establece una “presunción automática de incapacidad” sin evaluación médica individualizada, lo que, a su juicio, vulnera la dignidad de las personas envejecientes.
Recurso judicial en curso
El debate también llegó a los tribunales. Un grupo de ciudadanos, representado por el abogado Alberto Tavárez, interpuso un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para impugnar la limitación y solicitar igualdad en la vigencia de las licencias.
El Defensor del Pueblo interviene en el proceso como tercero interviniente voluntario. La audiencia fue fijada para el próximo 18 de mayo de 2026.
La disposición, vigente desde 2019, ha sido objeto de cuestionamientos por parte de ciudadanos y sectores vinculados a la defensa de los derechos de las personas mayores, quienes sostienen que cualquier restricción debería sustentarse en evaluaciones médicas individuales y no únicamente en un criterio de edad.
