Por redacción
El presidente Luis Abinader sometió a la Cámara de Diputados, el 9 de abril de 2026, la aprobación de un contrato de préstamo por US$400 millones (aproximadamente RD$24,000 millones) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El acuerdo fue suscrito el 19 de febrero de 2026.
El financiamiento corresponde al Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reúso para la Zona de Punta Cana-Bávaro (Verón-Punta Cana), Fase III (Proyecto DR-L1172), que será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).
El programa contempla tres ejes principales: expansión de la red de acueducto para garantizar agua potable a la población y al sector hotelero; construcción de alcantarillado sanitario para reducir la contaminación de los acuíferos por pozos sépticos; e implementación de plantas de tratamiento para reutilizar aguas residuales en el riego de campos de golf y áreas verdes (economía circular).
El préstamo otorga un período de gracia de 5.5 años, por lo que los pagos de capital empezarían el 15 de octubre de 2031.
Contexto fiscal
La operación se presenta en un momento de presión en las finanzas públicas: en 2026, el servicio de la deuda pública representa el 24.2% de los ingresos fiscales del país. Además, el Banco Mundial ajustó a la baja su proyección de crecimiento económico para República Dominicana, ubicándola en 3.6%.
Debate y percepción social
El proyecto genera cuestionamientos sobre equidad. Sectores sociales y analistas critican que se destinen US$400 millones de recursos públicos a una zona turística donde grandes empresas hoteleras e inmobiliarias controlan históricamente la tierra y los servicios.
Mientras barrios populares de Santo Domingo, el Cibao y otras regiones enfrentan deficiencias crónicas de agua potable y saneamiento, se prioriza el enclave del Este, beneficiando indirectamente al sector privado con mayor plusvalía de sus propiedades.
El gobierno y el BID destacan, por su parte, los beneficios ambientales (protección del acuífero costero y reducción de contaminación) y de salud pública para los residentes locales.
El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) y Plan de Gestión actualizado a noviembre de 2025, clasificado por el BID como Categoría B (impactos principalmente locales y mitigables).
