Por Yulen Jorge
En los últimos meses, el reporte de desapariciones de menores y la intervención de agencias internacionales han encendido las alarmas en la República Dominicana. Sin embargo, para Alba Rodríguez, directora de Save the Children Dominicana, estos hechos no deben leerse como una crisis aislada, sino como la manifestación de fallas profundas en el entorno familiar, social y estatal. En esta entrevista, Rodríguez analiza por qué el fenómeno de la trata y la violencia infantil persiste en el país, señalando que, aunque la visibilidad mediática ha aumentado, las causas siguen ancladas en la pobreza, la desigualdad de género y la precariedad de los sistemas de protección.
PRISMA: En los últimos meses hemos visto un aumento en los reportes de desapariciones de niños que han movilizado incluso a agencias internacionales (como el FBI en el caso de Brianna). ¿Qué lectura hace Save the Children de este fenómeno?
Alba Rodríguez: En primer lugar, estos hechos evidencian la persistencia de factores de riesgo estructurales que afectan a la niñez y adolescencia, entre ellos la violencia y negligencia en el entorno familiar y social, la pobreza y la exclusión social, entornos comunitarios inseguros y las debilidades de mecanismos de protección.
Estos casos reafirman la urgencia de fortalecer la prevención a nivel comunitario, garantizar una respuesta institucional oportuna e inmediata, a fin de prevenir que niños y niñas sean víctimas de violencia o desaparición. En este sentido, cada caso de violencia o desaparición no debe interpretarse de manera aislada, sino como la manifestación de causas estructurales profundas, cuyas soluciones interpelan de forma corresponsable al conjunto del Estado, las comunidades y la sociedad en su totalidad.
PRISMA: ¿Estamos ante una crisis de seguridad infantil o ante un sistema de alerta que finalmente está empezando a visibilizarse?
A.R.: La niñez y la adolescencia en nuestro país continúan expuestas de manera sostenida a altos niveles de violencia en sus diversas manifestaciones, cuyas causas son de carácter estructural. Por esto, no interpretamos estos hechos desde una perspectiva de crisis de seguridad, sino como la expresión de factores subyacentes que configuran contextos de riesgo y vulneración de derechos, entre ellos las violencias y las desapariciones. Asimismo, el aumento en la percepción de estos casos responde en parte a una mayor visibilidad mediática, asociada a las dinámicas actuales de comunicación y difusión digital, que amplifican y hacen más visibles situaciones que previamente permanecían menos expuestas en el ámbito público.
PRISMA: ¿Estaría alguno de estos casos de desaparición en los últimos años estar relacionado con la trata?
A.R.: En relación con la posible vinculación entre casos recientes de desaparición de niños, niñas o adolescentes y la trata de personas, es importante señalar que, a la fecha, no existen datos oficiales ni evidencia sistematizada que permitan establecer una relación directa o un patrón entre estos fenómenos en el país.
Los registros disponibles sobre casos judicializados de trata de personas en República Dominicana muestran que las principales modalidades identificadas continúan siendo la explotación sexual y la explotación laboral. En este sentido, no se observa en la evidencia nacional una prevalencia de desapariciones de niños o niñas que posteriormente sean tipificadas judicialmente como casos de trata. Por ello, si bien toda desaparición de un niño o niña debe activar de inmediato mecanismos de búsqueda y protección, resulta fundamental evitar asociaciones automáticas con la trata de personas sin respaldo en datos o versiones oficiales, ya que ello puede generar percepciones distorsionadas del fenómeno.
PRISMA: ¿En qué sectores (agrícola, turístico, doméstico) están hoy más expuestos los niños dominicanos?
A.R.: En el caso del sector agrícola, es el sector de mayor exposición y está asociado a pobreza rural, trabajo familiar y economías agrícolas informales (corte, siembra, cosecha, ganadería, etc.). Por su parte el trabajo doméstico es un sector menos visible, pero crítico por su vínculo con género, abandono escolar y servidumbre doméstica. En el sector turístico existe exposición (venta ambulante, servicios informales, explotación sexual comercial), pero no es el principal sector en volumen comparado con agricultura o doméstico.
En nuestro país, el trabajo infantil se concentra principalmente en el sector agrícola y en actividades informales vinculadas al comercio y los servicios, con menor visibilidad, pero presencia en el trabajo doméstico y en entornos turísticos. Según la Encuesta ENHOGAR 2019 el 3.8 % de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encontraba en situación de trabajo infantil, con mayor incidencia en zonas rurales (4.9 %) que urbanas (3.4 %)
PRISMA: Según los registros de Save The Children, ¿cuál es la cara más común de la trata infantil en RD? ¿Hablamos de explotación sexual, laboral o mendicidad forzada? ¿Siguen siendo los niños en situación de calle y migrantes los más expuestos, o la trata ha permeado ya a las clases medias?
A.R.: Según los registros oficiales disponibles de los informes nacionales sobre trata de personas del Ministerio de Relaciones Exteriores y los datos de casos judicializados de la Procuraduría General de la República, la forma más frecuente de trata que afecta a niños, niñas y adolescentes en el país es la explotación sexual, seguida por la explotación laboral, mientras que la mendicidad forzada aparece con menor presencia en los registros formales.
La evidencia nacional muestra que, entre las víctimas menores de edad identificadas en casos de trata, aproximadamente el 60% corresponden a explotación sexual y alrededor de un 30% a explotación laboral, lo que confirma que la trata infantil en el país se manifiesta principalmente en contextos de explotación sexual comercial y, en menor medida, en trabajo forzado en actividades informales, domésticas o agrícolas.
En cuanto a los perfiles de mayor vulnerabilidad, los datos oficiales coinciden en que las principales víctimas continúan siendo niños, niñas y adolescentes en contextos de pobreza y exclusión social, niñez en situación de movilidad, niños fuera del sistema educativo y niños, niñas y adolescentes expuestos a violencia o abuso previo.
El género constituye además un factor de vulnerabilidad determinante, las niñas y adolescentes están desproporcionadamente afectadas por la trata con fines de explotación sexual. Estos patrones reflejan normas de género y desigualdades estructurales que incrementan los riesgos diferenciados de trata y explotación en la niñez. Abordar la trata desde una perspectiva de género es esencial para comprender los riesgos diferenciados que enfrentan niñas y niños, visibilizar las desigualdades que la sustentan y diseñar respuestas de prevención y protección más eficaces y equitativas.
Los propios datos institucionales coinciden en que se trata de un fenómeno subregistrado y altamente oculto.
PRISMA: ¿Los casos se ocultan para no afectar la imagen turística del país? ¿Hasta qué punto el turismo sexual infantil sigue siendo un problema activo?
A.R.: Los registros oficiales, las investigaciones judiciales y los informes internacionales muestran que los casos son identificados y judicializados en distintos territorios, incluyendo zonas no turísticas, lo que confirma que no se trata de un fenómeno circunscrito a la industria ni gestionado en función de su impacto reputacional.
Si bien el turismo puede generar contextos de riesgo específicos, la evidencia indica que la explotación sexual infantil en el país no responde principalmente a una lógica sectorial, sino a factores estructurales más amplios, como la pobreza, la desigualdad, la violencia de género, la exclusión social, el trabajo infantil y la debilidad de redes de protección.
Estos determinantes explican que los casos se presenten de forma dispersa en diversos entornos —comunitarios, familiares, urbanos, rurales y también turísticos— y no como un fenómeno concentrado territorialmente. Si bien el turismo sexual infantil continúa siendo una preocupación de protección, la trata y la explotación sexual comercial es una manifestación dentro de un problema más amplio de violencia y explotación contra la niñez, anclado en desigualdades estructurales y patrones sociales que trascienden los sectores económicos.
PRISMA: ¿Cómo ha cambiado el perfil de los niños vulnerables tras la crisis económica postpandemia y el aumento de la migración?
A.R.: Tras la crisis económica postpandemia el perfil de los niños, niñas y adolescentes más vulnerables se vio ampliado y diversificado, observándose una mayor presencia de niñez en hogares recientemente empobrecidos, en contextos urbanos periféricos y en movilidad con barreras de acceso a servicios y protección. También se intensificó la superposición de riesgos estructurales como pobreza, exclusión, violencia y trabajo infantil. Las niñas y adolescentes continuaron más expuestas a explotación sexual y trabajo doméstico.
PRISMA: ¿Cuántos casos de trata infantil llegan realmente a sentencia en comparación con los casos denunciados?
A.R.: Los datos disponibles de la Procuraduría General de la República muestran la brecha entre denuncias e imposición de sentencias en trata de personas, incluida la que afecta a niños y niñas. Por ejemplo, en 2022 se registraban 46 procesos activos por trata y explotación (19 en fase judicial y 27 en investigación), lo que indica que menos de la mitad de los casos denunciados había avanzado a etapa judicial. Esto se suele atribuir a la complejidad probatoria y el retraimiento de víctimas y ocasionalmente a la naturaleza organizada y transnacional del delito.
PRISMA: ¿Qué falla más frente a la trata infantil: ¿la detección, la investigación o la sanción?
A.R.: Para nosotros la principal falla es la prevención y la reducción de los factores estructurales que la hacen posible y mientras estos determinantes no se aborden de manera sostenida, los sistemas de detección y persecución seguirán actuando de forma reactiva y sobre casos ya consumados. Fortalecer la protección social, las redes comunitarias y el acceso a derechos resulta tan crucial como la respuesta penal, ya que la trata es, ante todo, una manifestación de vulnerabilidades estructurales más amplias y de una persistente desigualdad de género cuando es bajo la modalidad de explotación sexual comercial.
Persiste la necesidad de consolidar inversiones sostenidas y especialización progresiva para responder plenamente a la magnitud del problema.
PRISMA: ¿Cuenta el CONANI y las unidades especializadas de la Procuraduría don el apoyo económico y el personal especializado necesarios para la protección infantil, incluyendo la trata?
A.R.: Tanto el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y las unidades especializadas de la Procuraduría General de la República han fortalecido en los últimos años sus capacidades y cobertura en protección infantil y trata, con incrementos presupuestarios y desarrollo de protocolos entre 2021 y 2024. No obstante, persisten retos en dotación técnica y estabilidad del personal, especialmente a nivel local lo que revela la necesidad de consolidar inversiones sostenidas y especialización progresiva para responder plenamente a la magnitud del problema.
PRISMA: ¿Qué ocurre con un niño una vez es rescatado de una red de trata? ¿El Estado está preparado para su protección integral?
A.R.: Cuando un niño, niña o adolescente es rescatado es derivado al sistema de protección liderado por el CONANI que activa medidas de acogida segura, evaluación psicosocial y restitución de derechos en coordinación con el Ministerio Publico. Existen protocolos y servicios especializados, incluida atención psicológica, salud, educación y acompañamiento legal, que permiten una respuesta integral y progresivamente más articulada. Sin embargo, por la complejidad de los casos hace necesario continuar fortaleciendo recursos, especialización y cobertura territorial.
PRISMA. Cuando hablamos de trata de niños en República Dominicana, ¿estamos ante un problema marginal o ante una crisis subestimada?
A.R.: La evidencia y datos disponible sugiere que la trata de niños, niñas y adolescentes en el país no es un problema marginal porque existe, persiste y afecta a grupos específicos en alta vulnerabilidad, pero tampoco presenta magnitudes comparables a otros delitos de mayor incidencia. Se caracteriza como una problemática focalizada y estructuralmente arraigada en desigualdades, pero no hay que perder de vista que los propios datos institucionales coinciden en que se trata de un fenómeno subregistrado y altamente oculto
PRISMA: ¿El país ha avanzado realmente en prevenir la explotación sexual comercial de niños? Se han realizado avances sostenidos en la prevención y respuesta frente a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, particularmente mediante el fortalecimiento del marco normativo, la persecución penal especializada y la coordinación interinstitucional. Pero se trata de fenómenos complejos y estructurales cuyos cambios son necesariamente de medio y largo plazo, ya que están vinculados a desigualdades, por esto las políticas de prevención que contribuyen a reducir tolerancia social y mejorar la detección deben ser intensificadas.
