Por Santiago José
El conjunto de bienes de un ejército o pueblo vencido constituía el premio o recompensa para el vencedor. Era su botín legitimado como premio merecido, aunque tomado por la fuerza.
En las batallas electorales, a la usanza de las democracias latinoamericanas, por lo general surgidas más que como procesos de luchas de clases sociales con ideologías definidas que arrancaban a las oligarquías libertades y derechos que poco a poco consolidaban la institucionalidad del estado, se caracterizaron por gestas heroicas cuyos héroes guardaban celosamente sus facturas para cobrar el botín y sus intereses. Solo que el vencido era el propio pueblo en nombre del cual habían luchado.
Desde la fundación de la República Dominicana, aun en el incipiente estado, ya se avizoraba una lucha entre conservadores, con Pedro Santana a la cabeza, y liberales donde los primeros se impusieron, no para dar forma a un estado con cimientes institucionales sólidas, sino para una, vez logradas las epopeyas que consolidarían la independencia, reclamar el derecho al botín, pero no del enemigo, siendo el botín el propio pueblo por el que se “habían sacrificado”.
Desde Santana, denominado “el marqués de la frontera”, héroe de las batallas del 19 de Marzo de 1844 y Las Carreras librada en 1849, sin las cuales probablemente no existiría República Dominicana; el mismo que luego la anexó a España en 1861; pasando por Buenaventura Báez que, en sus tres gobiernos, lo único relevante que hizo fue quebrar el país con las famosas “papeletas de Báez” en la década de 1850; hasta Ulises Hilario Hereaux (Lilís) con la emisión en 1898-99 también de papel moneda sin valor, denominado “papeletas de Lilís”. Ambos teniendo como denominadores comunes una nefasta administración y despilfarro en subvención de proyectos políticos caracterizados por el autoritarismo. Asimismo, una participación importante en el quehacer político, especialmente Lilís, quien fuera una de las espadas decisivas en la gesta de la Restauración, junto a Gregorio Luperón. Hasta nuestros días, los políticos y gobernantes han reclamado su botín aun sea a contrapelo de quebrar la administración.
El ciclo nunca se ha interrumpido, salvo el trasluz del gobierno de Bosch en 1963, que presumiblemente auguraba el inicio de una visión distinta del Estado, pero como experimento no llegó la fase de comprobación. Con su derrocamiento se produjo un interregnum hasta 1966. Con el ascenso del doctor Balaguer, quien -aunque con una integridad personal férrea- no dudó en usar el botín del Estado para mantenerse en el poder; y, aunque austero, pagaba a sus acólitos con dinero de las arcas públicas; acuñando frases icónicas como “la comida del boa”. Claro, no del pueblo, sino de sus “boas” y “la corrupción se para en la puerta de mi despacho”, queriendo limpiarse como Pilato en la disyuntiva de liberar a Jesús o a Barrabás.
A Balaguer le siguió Antonio Guzmán tildado por su propio partido como corrupto, hasta su inmolación antes que la deshonra. Sucediéndole el doctor Salvador Jorge Blanco, quien no obstante basar su campaña con el lema “Y con manos limpias”, sus funcionarios terminaron como forajidos y algunos condenados incluyendo al propio Salvador, independientemente a las reservas sobre este proceso.
En 1996, con el accidente político que permite el ascenso a la presidencia del doctor Leonel Fernández, parecía de consenso que se interrumpiría la “era del botín público”. Esta presunción se fundamentaba en la sólida formación política de los peledeístas, quienes llegaron a dividir a la sociedad dominicana entre “corruptos y peledeístas”, proclamándose como los paladines de la honradez.
La experiencia fue decepcionante. El gobierno del doctor Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, continuó la tradición. Recordemos el célebre caso del Programa Mínimo de Empleo, PEME, donde según el antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción se produjo un desfalco de por lo menos 1,427 millones de pesos, en cuyo caso el presidente, lejos de sancionar la ignominia, lo justificó con la célebre frase “pagar para no matar”. Siendo también emblemático el caso de la desaparecida Oficina de Ingenieros de Obras del Estado, Oisoe, y la empresa Sun Land, en que fue acusado el ingeniero Félix Bautista por sobrevaluación de la carretera San Juan Vallejuelo, por 50 millones de pesos; y apropiación de 130 millones de dólares prestados por la Sun Land al gobierno dominicano.
Entre el 2010 y el 2020, bajo el gobierno del licenciado Danilo Medina, los escándalos de corrupción alcanzaron niveles alarmantes. Basta con citar los casos Odebrecht, en el cual se acusaron miembros de los tres partidos mayoritarios (PLD, PRSC y PRD), del más alto nivel, incluyendo a quien fuera presidente del Senado Andrés Bautista y al ingeniero Temístocles Montás, secretario general del PLD, por soborno de 92 millones de dólares, para la adjudicación de obras, dicho por la propia empresa. Y el llamado caso Antipulpo, sin precedentes, puesto que involucró al círculo familiar del expresidente Medina, siendo acusado su hermano Juan Alexis Medina de beneficiarse de contratos obtenidos mediante tráfico de influencias con instituciones estatales de por lo menos 4 mil millones de pesos entre el 2012 hasta el 2020. Solo para citar dos casos.
Otro de los casos de corrupción icónicos de ese periodo fue el llamado caso “Calamar”, en el cual se acusa a figuras de primer orden del gobierno y del PLD, específicamente al ex ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero; al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y al ex ministro de Obras Públicas y candidato presidencial para el 2020, Gonzalo Castillo Terrero, juntos con otras 13 personas más, de haber utilizado instituciones púbicas, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República y el Banco de Reservas, entre otras, para recibir del Estado pagos irregulares por la suma de 21 mil millones de pesos.
En el 2020, surge el gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, prometiendo cambios. Prometía un gobierno pulcro con cero tolerancia a la corrupción, como si los precedentes de sometimientos penales de sus antecesores y el escarnio al que fueron sometidos a la justicia en los diferentes casos de corrupción tuvieran efectos disuasivos. El botín siguió abierto y probablemente siga, al estilo “cosa nostra”, habiendo colapsado dos de las principales columnas del proyecto Abinader, Roberto Fulcar, ex ministro de educación, clave en el proceso electoral del 2020, destituido por escándalo en la compra de libros digitales en tiempos de pandemia; y ahora el doctor Santiago Hazim, acusado de haber desfalcado al Seguro Nacional de Salud, Senasa, por sumas de dinero inimaginables, que tienen como punto de partida la astronómica suma de más de 15 mil millones de pesos; al cual se le suma el caso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, en el que se acusa de estafa contra el Estado al señor Hugo Veras.
Todo revela que, desde la creación de la República, nuestros gobernantes y políticos, han entendido que son merecedores de alzarse con el botín del erario, al estilo “cosa nostra” italiana, donde no valen legislaciones preventivas, escándalos públicos y deshonra social. Todos entienden que haber ido a la guerra electoral y salir airosos constituye patente de corso y les legitima para pasar factura y llevarse el botín, en fin “buscarse lo de ellos” como dice el pueblo.
Sobre el autor
Santiago José es doctor en derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con másteres en derecho constitucional de la Universidad Castilla La Mancha y en derecho inmobiliario de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal. Fue consultor jurídico en el Secretariado Técnico de la Presidencia (1994-2000) y actualmente es abogado en ejercicio con especialidad en el área civil e inmobiliaria.
