Redacción
Foto: Carlos Pimentel, Director General de Contrataciones Públicas.
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitió la Resolución núm. DGCP-DG-02-2026, mediante la cual aprueba lineamientos de integridad y seguridad en contrataciones relacionadas con la seguridad nacional y autoriza la elaboración de un Protocolo de Acción Conjunta entre la DGCP y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La medida, sustentada en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, busca fortalecer los mecanismos de protección de información sensible y prevenir riesgos en procesos de contratación que involucren áreas estratégicas como infraestructura crítica, tecnología o servicios vinculados directamente a la seguridad del Estado.
Según la resolución, ambas instituciones tendrán un plazo de 30 días para diseñar e implementar el protocolo que regule esta cooperación interinstitucional. El objetivo declarado es identificar posibles amenazas a la integridad de los procesos y proteger los intereses nacionales en contrataciones de alto riesgo.
Preocupaciones y riesgos en el contexto dominicano
Aunque la iniciativa persigue un fin legítimo, reforzar la transparencia y la seguridad en el uso de recursos públicos, su implementación genera varias inquietudes en el contexto institucional y político de la República Dominicana:
Amplitud y falta de límites claros: La resolución se centra en “contrataciones de seguridad nacional”, pero no define con precisión el alcance de estas ni establece criterios objetivos para determinar cuándo un proceso cae bajo esta categoría. Esto podría llevar a una interpretación amplia que extienda el escrutinio del DNI a un número mayor de licitaciones.
Rol de un organismo de inteligencia en procesos administrativos: La participación de la DNI introduce elementos de inteligencia y análisis confidencial en un procedimiento que tradicionalmente es de carácter administrativo y debe regirse por principios de publicidad, igualdad y competencia. El uso de información clasificada podría limitar el derecho de los oferentes a conocer las razones de una eventual exclusión y dificultar su derecho a la defensa.
Riesgos de discrecionalidad y posible arbitrariedad: En un país donde los organismos de inteligencia han enfrentado históricamente cuestionamientos por falta de supervisión independiente y posibles usos políticos, existe el riesgo de que informes de inteligencia se utilicen de forma sesgada, favoreciendo a unos oferentes sobre otros o excluyendo competidores legítimos sin mecanismos claros de apelación o control externo.
Impacto en la competencia y el mercado: Proveedores nacionales y extranjeros podrían verse desincentivados a participar en procesos de contratación pública por temor a un escrutinio ampliado de sus estructuras corporativas, socios o información sensible. Esto podría reducir la competencia, elevar los costos para el Estado y afectar especialmente a mipymes y empresas locales.
Ausencia de garantías procesales detalladas: Hasta el momento, el protocolo conjunto no se ha publicado. No se especifican mecanismos de revisión, plazos de respuesta, ni instancias independientes que supervisen las recomendaciones de la DNI, lo que genera incertidumbre sobre la transparencia y el debido proceso.
Esta resolución representa un cambio significativo en el enfoque del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, al incorporar criterios de seguridad nacional e inteligencia a la evaluación de oferentes. Si bien puede contribuir a prevenir filtraciones o infiltraciones en áreas sensibles, analistas y sectores empresariales advierten que su éxito dependerá de la definición estricta de límites, la creación de salvaguardas institucionales y la garantía de que no se convierta en una herramienta de control excesivo o politizado.
La DGCP y la DNI tienen la responsabilidad de publicar el protocolo definitivo con el mayor nivel de detalle posible, incluyendo mecanismos de rendición de cuentas y protección de derechos, para mantener la confianza en el sistema de compras públicas del país.
