Por Prisma
El Movimiento Justicia Jet Set expresó este miércoles su preocupación por las recientes declaraciones de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, en torno al proceso penal por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2025 en la discoteca Jet Set, que dejó 236 muertos y más de 180 heridos.
En un comunicado, el colectivo de sobrevivientes y familiares de las víctimas afirmó que la magistrada “ha iniciado el juicio fuera de los tribunales” al opinar públicamente sobre la calificación jurídica del caso, las sanciones aplicables y los límites del debido proceso antes de que las pruebas sean presentadas y valoradas por el tribunal competente.
“Es especialmente contradictorio afirmar que los fiscales no pueden aportar o valorar la calificación jurídica, pero se permita al propio Ministerio Público hacerlo en declaraciones públicas”, señala el texto. El movimiento sostiene que la discusión jurídica “está incompleta, como el propio Ministerio Público reconoce, y que no le corresponde a ella conducir o concluir una calificación distinta”.
El grupo recordó que la calificación jurídica no depende del deseo ni de la magnitud del dolor, sino de las pruebas que deben ser debatidas en un juicio oral y público. “Los tribunales no están atados de manera absoluta a una calificación jurídica. Esta se determina en el juicio oral y público, y cualquier afirmación prematura o anticipada pone en riesgo el derecho de las partes y la garantía del debido proceso”, añade el comunicado.
El Movimiento Justicia Jet Set solicitó al Poder Judicial actuar con “extrema prudencia e independencia” y evitar que se dicte una sentencia anticipada en cualquier instancia o espacio. Asimismo, pidió a la fiscal abstenerse de ofrecer declaraciones en entrevistas o medios de comunicación sobre aspectos que aún deben ser discutidos en el tribunal, “como la calificación jurídica, la sanción o el límite del debido proceso”.
“La justicia no puede comenzar con una sentencia pronunciada fuera del tribunal. Primero debe conocerse la prueba. Después corresponde aplicar el derecho”, concluye el documento.
El caso contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del establecimiento, se encuentra en fase de juicio de fondo. El Ministerio Público los imputa por homicidio involuntario, figura cuya pena máxima es de dos años de prisión, conforme a la legislación vigente al momento de los hechos. La próxima audiencia está fijada para el 28 de agosto de 2026.
