Por Prisma
El presidente Luis Abinader promulgó las modificaciones al Código Penal aprobadas por el Congreso Nacional mediante el Decreto núm. 507-26, firmado el 27 de julio, y creó una comisión de seguimiento encargada de evaluar la implementación de la legislación y formular recomendaciones para futuras reformas.
La decisión fue anunciada por la Presidencia de la República al concluir el proceso legislativo que introdujo cambios a la Ley 74-25, promulgada en 2025. Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es poner en vigor un Código Penal fortalecido, al tiempo que se establece un mecanismo institucional para revisar su aplicación y proponer ajustes cuando sean necesarios.
La comisión estará presidida por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y la integran los juristas Leyda Margarita Piña Medrano, Pedro Balbuena, Ricardo Rojas León, Julio César Castaños Guzmán, Luz Díaz, José Lorenzo Fermín, Eduardo Jorge Prats y Alejandro Moscoso Segarra, así como los comunicadores Aníbal de Castro y Persio Maldonado. Sus miembros ejercerán sus funciones con carácter honorífico.
De acuerdo con la Presidencia, este equipo tendrá la responsabilidad de dar seguimiento a la implementación del Código Penal, analizar su funcionamiento en la práctica, promover su socialización y recomendar al Poder Ejecutivo las modificaciones que considere pertinentes.
En el comunicado oficial, el Gobierno afirmó que la promulgación reafirma su compromiso con la modernización del ordenamiento jurídico, el fortalecimiento de la protección de los derechos fundamentales, el respeto al debido proceso y la consolidación de instituciones más sólidas y transparentes. Asimismo, sostuvo que la legislación incorpora nuevos tipos penales acordes con la realidad contemporánea.
La promulgación se produce pocos días antes de que concluya el período de vacatio legis de un año establecido para la Ley 74-25. Conforme al calendario previsto, el nuevo Código Penal entrará en vigor el 3 de agosto, fecha a partir de la cual comenzará su aplicación por parte de las instituciones del sistema de justicia.
