Por Helena Robles
La realidad para miles de pasajeros es que el precio del viaje ya no depende únicamente del destino, sino también de quién opere la ruta.
Desde este lunes 6 de julio, algunos usuarios del transporte público comenzaron a pagar más por el mismo recorrido. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no ha autorizado ningún aumento y recuerda que, por ley, la fijación de las tarifas corresponde exclusivamente al Estado.
La escena plantea una pregunta que trasciende el incremento: ¿quién fija realmente el precio del pasaje en la República Dominicana?
La Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), presidida por Juan Marte, anunció la aplicación de aumentos de entre RD$5 y RD$25 en rutas urbanas, suburbanas e interurbanas bajo su control. En algunos trayectos urbanos, el pasaje pasó de RD$35 a RD$40, principalmente en Santiago y otras localidades de la región Norte.
En contraste, el bloque de organizaciones conocido como el G-12, que agrupa a federaciones como la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), informó que mantendrá las tarifas vigentes en sus unidades y advirtió que sancionará a los choferes afiliados que cobren por encima de los montos establecidos.
El resultado es un sistema en el que el costo del mismo recorrido puede variar dependiendo del sindicato o la empresa que opere la ruta.
Lo que dice la ley
La Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que la regulación del sistema de transporte terrestre, incluida la fijación de tarifas, es una atribución del Estado a través de los organismos competentes. En consecuencia, los operadores del transporte público no están facultados para modificar unilateralmente el precio del pasaje.
Bajo ese marco jurídico, cualquier variación en las tarifas debe responder a una decisión adoptada por la autoridad competente y no por acuerdos particulares de los gremios.
Por su parte, los dirigentes de la CNTT sostienen que la decisión responde al incremento sostenido de los costos de operación.
Según el gremio, el alza en los precios de combustibles, lubricantes, neumáticos, repuestos y otros insumos ha reducido significativamente la rentabilidad del servicio, mientras los operadores aseguran que no reciben subsidios estatales que compensen esos aumentos. Desde esa perspectiva, la organización argumenta que mantener las tarifas anteriores comprometería la sostenibilidad económica de sus afiliados.
La respuesta del Gobierno
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) reiteró que ningún aumento ha sido autorizado y recordó que la fijación de tarifas constituye una competencia exclusiva del Estado.
Su director ejecutivo, Milton Morrison, advirtió que cualquier incremento aplicado de forma unilateral carece de autorización legal y puede dar lugar a sanciones administrativas y multas para los operadores responsables.
Con esa posición, el Gobierno busca evitar que cada organización establezca sus propias tarifas, una situación que, a juicio de las autoridades, generaría incertidumbre para los usuarios y debilitaría la capacidad regulatoria del Estado.
Mientras ese debate permanece abierto, la realidad para miles de pasajeros refleja una contradicción que va más allá del aumento de unos pocos pesos: la ley atribuye al Estado la potestad de fijar las tarifas, pero en las calles el precio del viaje ya depende, en buena medida, de quién opere la ruta.
