Por Helena Robles
El anuncio de un aumento en las tarifas de unas 47 rutas de transporte público del Gran Santo Domingo reabre un debate que va mucho más allá del costo del pasaje: el de la pérdida progresiva del poder adquisitivo de miles de trabajadores que dependen diariamente de carros públicos y autobuses para llegar a sus empleos.
Mientras la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT) justifica el reajuste por el incremento de los costos operativos, para los usuarios el efecto es distinto: cada peso adicional representa una disminución real del ingreso disponible, sin que su salario haya cambiado.
Según el anuncio realizado por el presidente de la CNTT, Juan Marte, el incremento oscilará entre RD$5 y RD$25 por trayecto, dependiendo de la ruta. En términos individuales puede parecer una variación modesta. Sin embargo, trasladada a la rutina diaria de un trabajador que utiliza transporte público para ir y regresar de su empleo, el impacto comienza a multiplicarse.
Los cálculos muestran que un incremento promedio de entre RD$10 y RD$15 por viaje supone un gasto adicional de aproximadamente RD$440 a RD$750 mensuales para quienes realizan dos desplazamientos diarios durante una jornada laboral normal.
En el caso de un empleado que percibe el salario mínimo de una pequeña empresa, fijado en RD$16,993, ese monto representa entre el 2.6 % y el 4.4 % de su ingreso mensual. Traducido a términos cotidianos, significa destinar prácticamente un día completo de trabajo únicamente a cubrir el aumento del transporte.
Un gasto que se acumula
El reajuste ocurre en un contexto en el que el transporte ya absorbe una parte importante del presupuesto de muchos hogares. Se estima que en el Gran Santo Domingo se realizan diariamente más de tres millones de desplazamientos, y una parte significativa responde a motivos laborales y educativos.
Aunque el Metro y el Teleférico movilizan a cientos de miles de pasajeros cada día, una gran proporción de la población continúa dependiendo de rutas operadas por carros públicos, minibuses y autobuses tradicionales; precisamente los segmentos donde impactará el aumento anunciado y que, al no contar con tarifas indexadas por el Estado, quedan sujetos al mercado informal.
Para numerosos hogares de ingresos bajos, el transporte representa uno de los gastos fijos más difíciles de reducir. Cuando ese costo aumenta, el ajuste suele trasladarse inevitablemente a otras partidas esenciales del presupuesto familiar, como la alimentación, la educación o el ahorro.
La otra cara del aumento
Los transportistas sostienen que el reajuste responde al incremento acumulado de los combustibles, neumáticos, piezas de repuesto y mantenimiento de las unidades, además de señalar que los subsidios estatales no compensan completamente esos costos. También afirman que buena parte del ajuste ya se había venido aplicando de manera gradual durante los últimos meses.
Sin embargo, para los usuarios el problema no radica únicamente en el precio del pasaje, sino en la suma de aumentos que enfrentan en distintos bienes y servicios mientras sus ingresos crecen a un ritmo mucho menor.
En ese escenario, el nuevo reajuste deja una conclusión difícil de ignorar: aunque el salario permanezca igual en la nómina, el dinero alcanza para menos. Y esa pérdida de capacidad de compra termina convirtiendo un aumento del transporte en una reducción silenciosa del ingreso real de miles de trabajadores.
