Por Yulen Jorge
Una tarde de enero de 2017 me despedía de una visita que le hacía a mi padre. Antes de darme la vuelta, me preguntó: “¿Vas a la marcha?”
Ante mi cara de asombro, me espetó: “Si no estuviera como estoy, iría.”
En ese momento advertí la dimensión de la convocatoria: un espacio donde decenas de miles de dominicanos pudieron drenar su rabia e impotencia ante los escandalosos y multimillonarios casos de corrupción de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Una congregación que se convertiría en la manifestación más trascendente de la historia reciente de la República Dominicana: la Marcha Verde.
Mi padre falleció en diciembre de ese mismo año. La marcha lo haría tres años después, el 16 de agosto de 2020.
2026 y el panorama no es optimista. Los casos de corrupción se acumulan. Las cifras escandalizan. Las investigaciones estremecen, pero la ira no toma las calles; la indignación se expone en hilos de Twitter.
No faltan razones. Sobran. La lista es larga. Entre los temas, hay uno que compite por el récord Guinness de la corrupción dominicana, y que toca un área tan sensible como la salud: Senasa. Algo inconcebible, que escapa a toda lógica.
Algunas voces, dentro y fuera de la administración pública, intentan mantener el honor de aquel compromiso, pero no se sienten. Las apaga el vozarrón de la desidia generalizada. No hay SEMANAL que mitigue el impacto de las denuncias.
Se busca una marcha.
Una que nazca del compromiso y la determinación de defender el patrimonio nacional y los derechos de los que, con sus impuestos, financian las correrías nacionales e internacionales, el despilfarro administrativo y el patrocinio de los caprichos de funcionarios. Una marcha que no tenga patrocinadores encubiertos. Que no se active por conveniencia electoral.
Una movilización a partir de la cual no tengamos que conformarnos con la mediocridad moral de desear que los funcionarios “roben, pero no motor”.
