Portada: Fernándo Rodríguez.
Por Prisma
La presencia de buques de Estados Unidos en aguas haitianas reabre un viejo debate en el Caribe: el de la soberanía real frente a la seguridad impuesta. Sin una autorización pública y formal del Estado haitiano, el despliegue militar —con una flotilla de buques sin precedentes en la Bahía de Puerto Príncipe— deja más preguntas que certezas y vuelve a colocar a Haití en el centro de decisiones tomadas fuera de su propio territorio.
En esta entrevista, Edwin Paraison, ex cónsul de Haití en la República Dominicana y presidente de la Fundación Zile, aborda también el tema más sensible de los últimos meses: la posibilidad de celebrar elecciones en un país marcado por la violencia de las bandas armadas, el desplazamiento interno masivo y una institucionalidad debilitada.
PRISMA: ¿El gobierno de Haití autorizó formalmente la presencia de naves de Estados Unidos en sus aguas territoriales o fue unilateral?
Edwin Paraison: No hay información oficial al respecto. Hasta ahora, lo que se ha hecho público enfatiza que fue un despliegue “por orden” de autoridades estadounidenses y comunicado por su embajada; no he visto un documento haitiano equivalente, transparente y formal que despeje dudas sobre el marco legal y político interno.
PRISMA: ¿Mantiene hoy Haití capacidad real de decisión sobre su soberanía marítima y territorial?
E. P.: Desde la administración de Aristide en 1997, Haití tiene un acuerdo con los Estados Unidos sobre la lucha contra el narcotráfico que permite operaciones en coordinación con las autoridades locales. Además, el primer ministro Ariel Henry, en su momento, solicitó a las Naciones Unidas apoyo en tropas para luchar contra las bandas armadas. De hecho, hay policías kenianos desde hace más de un año y se anuncia el despliegue en abril de una nueva fuerza multinacional de 5,000 efectivos. Son circunstancias que provocan cierta fragmentación de la soberanía haitiana.
PRISMA: En el marco de la Operación Lanza del Sur, buques estadounidenses ya están en la Bahía de Puerto Príncipe. ¿Cuál es su lectura inmediata de este movimiento y qué mensaje envía a los distintos actores políticos haitianos?
E. P.: Es un mensaje doble en un contexto en el que había serias preocupaciones alrededor de una pugna interna en el Ejecutivo haitiano entre los miembros del Consejo Presidencial de Transición, CPT, antes de su salida este 7 de febrero y la Oficina del primer ministro, a quien amenazaban con destituir. Los Estados Unidos ofrecieron su apoyo total al primer ministro Alix Didier Fils-Aimé. Por otro lado, se entiende que el mensaje va dirigido también hacia las bandas: una manera de decir que “la bahía está vigilada” y de crear mayor presión psicológica.
PRISMA: ¿Existe el riesgo de que estas operaciones escalen hacia una intervención internacional más amplia, incluso sin un consenso regional?
E. P.: La administración republicana ha influido mucho en una nueva dinámica en la OEA y en la ONU sobre el tema haitiano. En declaraciones públicas, el propio secretario Rubio ha dicho que el caso merece una mejor y mayor atención regional. No creo que una intervención unilateral sea la prioridad en este momento.
PRISMA: ¿Qué papel están desempeñando los organismos multilaterales frente a esta presencia: acompañamiento, silencio o aval?
E. P.: En la práctica, predomina la cautela: acompañamiento general a la estabilidad y a la seguridad, pero pocos pronunciamientos frontales sobre el significado político del despliegue. Es un “silencio estratégico” que evita chocar con el actor que más recursos aporta y a quien se considera el país más influyente en el tema haitiano.
PRISMA: ¿Ha existido comunicación formal entre autoridades haitianas y dominicanas sobre esta operación o el tema se ha manejado al margen de los canales diplomáticos tradicionales?
E. P.: No hay evidencia pública clara de una comunicación bilateral sobre esta operación. De hecho, las partes a nivel insular no han abordado, desde el conflicto del canal, temas altamente sensibles. El diálogo no está muerto, pero sí muy pasivo.
PRISMA: ¿Debe la República Dominicana prepararse para efectos colaterales migratorios y de seguridad?
E. P.: En lo inmediato, no. No hay nada que pueda provocar una estampida hacia la República Dominicana fuera de una situación de violencia alta y generalizada. Aun así, el gobierno dominicano debe seguir manteniendo a los organismos correspondientes alertas sobre la situación haitiana.
PRISMA: ¿Qué implicaciones concretas tiene este despliegue para la estabilidad del Caribe y, en particular, para la frontera dominico-haitiana?
E. P.: A corto plazo, puede contener ciertas rutas marítimas ilícitas. La situación en Haití es propicia para el narcotráfico internacional, en tanto que la posición geográfica del país también puede facilitar algunas operaciones de carácter político en el marco de la nueva situación que se desarrolla en Cuba. En cuanto a la frontera, no veo un impacto directo, ya que los flujos migratorios transfronterizos suelen ser mayores que los marítimos.
PRISMA: En este nuevo escenario de vigilancia marítima, ¿qué rol específico juega la República Dominicana?
E. P.: La República Dominicana queda como actor de retaguardia: ofrece su cooperación en la coordinación de información, el control de costas y la gestión de impactos (migración, tráfico, seguridad). El punto clave es que ese rol no sustituye la obligación de Haití de reconstruir su autoridad interna.
PRISMA: ¿Es realista hablar de elecciones libres y creíbles en Haití en el corto plazo?
E. P.: Con el nivel actual de inseguridad, es natural que haya dudas. Todo depende de cómo la administración haitiana, con el acompañamiento de la comunidad internacional, logre en los próximos seis meses desmantelar las bandas, reorganizar el padrón electoral —tomando en cuenta que hay 1.4 millones de desplazados internos— y lanzar una campaña para tratar de reducir la abstención que ha marcado los últimos procesos.
PRISMA: ¿Quién garantiza el proceso electoral: Haití o la comunidad internacional?
E. P.: En los hechos, será un esquema mixto, pero con fuerte peso internacional: financiamiento, logística, seguridad indirecta y verificación. Si el Estado no se recompone, la “garantía haitiana” será más formal que real.
PRISMA: ¿Cree que unas elecciones bajo tutela internacional devuelven legitimidad al Estado haitiano?
E. P.: Pueden producir autoridades electas, pero la legitimidad no se decreta: se construye con participación amplia, competencia real y seguridad. Sin eso, la tutela puede otorgar “legalidad”, pero una legitimidad frágil.
PRISMA: ¿Es posible un padrón fiable con desplazamiento masivo y falta de documentos?
E. P.: Los esfuerzos se están haciendo para paliar esa situación. Considerando que la OEA ha estado apoyando a Haití desde hace años respecto al padrón electoral, se logró registrar cerca de 7 millones de votantes. Sin embargo, sin presencia estatal en zonas clave, la entrega de credenciales se vuelve un cuello de botella que puede excluir a cientos de miles. La clave es el restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio.
PRISMA: Con grupos armados controlando puntos estratégicos, ¿existen condiciones reales de seguridad y representatividad para las urnas o se corre el riesgo de una abstención histórica sin legitimidad internacional?
E. P.: Si las elecciones fueran en un mes, estaríamos hablando de una abstención sin precedentes. Ojalá la conjugación de esfuerzos entre los distintos actores permita un proceso que, si bien quizás no sea totalmente exitoso, resulte al menos aceptable.
PRISMA: ¿Estamos ante el diseño de unas elecciones en las que solo podrán votar las zonas bajo control o protección de las fuerzas de seguridad?
E. P.: Sería un revés para todos y, sobre todo, para la democracia haitiana. Si hay verdadera voluntad política, es posible lograr algo mejor.
PRISMA: Si las elecciones se celebran en este contexto de inseguridad, ¿se estaría reciclando la crisis de legitimidad que precedió al asesinato del presidente Jovenel Moïse?
E. P.: Sí, si se vota sin seguridad ni inclusión. Elecciones sin garantías pueden producir autoridades discutidas desde el día uno, perpetuando la inestabilidad que precisamente se quiere cerrar.
PRISMA: Dado el peso de la diáspora haitiana, especialmente en la República Dominicana, ¿qué mecanismos se contemplan para su participación electoral y cómo afectaría su exclusión al resultado final?
E. P.: Sin un mecanismo creíble de voto exterior, la diáspora queda como financiadora sin representación. Su exclusión reduce la legitimidad y desconecta al proceso de un actor clave en la economía y en la vida social haitiana. Por lo visto, esta primera experiencia con la que soñaban los miembros de la diáspora no será posible para el próximo certamen electoral.
PRISMA: Se critica con frecuencia la inacción internacional, pero ¿hasta qué punto la insistencia de sectores haitianos en la “no intervención” ha funcionado como un escudo que permitió a las bandas consolidar su control sobre el Estado?
E. P.: La consolidación de las bandas vino mucho más de un error estratégico de la administración Moïse, con cierto nivel de implicación de la comunidad internacional al haber propiciado la creación de una federación de bandas. Se entiende que la intención era tratar de infiltrar y controlar, lo cual no se logró; al contrario, se fortalecieron. Además, las armas y municiones hacia las bandas provenían —y todavía provienen mayormente— de los Estados Unidos, un tráfico que ocasionalmente utiliza la frontera. En este análisis, la “no intervención” enarbolada por sectores haitianos es marginal.
PRISMA: Si tuviera que sintetizar el momento actual en una sola frase, ¿cuál sería?
E. P.: “Haití está entre una salida democrática condicionada y un tutelaje externo creciente: el desenlace lo decide la seguridad.”
PRISMA:¿Cuál es el peor escenario que la región debería prepararse a enfrentar en los próximos seis meses?
E. P.: Colapso político + expansión territorial de bandas + shock migratorio (marítimo y terrestre), con incidentes fronterizos y mayor internacionalización coercitiva del dossier haitiano.
