Editorial
En la madrugada de este 8 de abril de 2025, el techo de la discoteca Jet Set colapsó tras más de dos años de advertencias sobre el peligro de una estructura deteriorada. Los propietarios y gerentes priorizaron el lucro; aplazaron una tragedia que, a juzgar por todos los testimonios y evidencias, pudo evitarse. No fue un aviso de días: fueron años de insistencia para reparar un techo que ya hacía agua.
Un año después, la lentitud del proceso judicial impide cerrar heridas; más bien, las profundiza. El dolor de miles de familiares y allegados de las 236 víctimas mortales se recrudece con cada audiencia aplazada, con cada argucia procesal que apuesta al olvido.
Tras el desplome, dada la magnitud del siniestro y el impacto emocional en todo el país, se pensó que, a pesar de las históricas deficiencias y del clasismo del sistema judicial, veríamos una respuesta de las autoridades a la altura de las circunstancias. Ocurrió todo lo contrario.
Las familias de las víctimas no solo cargan con un duelo insoportable. Cargan también con la humillación de ver cómo el sistema las obliga a mendigar justicia en audiencias interminables, mientras los responsables mantienen una inquietante normalidad, incluso con arrogancia. Las compensaciones económicas —cuando llegan— no borran el hecho de que muchos sienten que ya “pagaron” por sus muertos y que el caso se enfriará hasta diluirse en el olvido colectivo.
Lo del Jet Set no fue un “lamentable accidente”; fue el resultado de una negligencia flagrante por parte de sus propietarios y de la ineficiencia de los funcionarios gubernamentales y autoridades municipales encargados de supervisar que edificaciones de esta naturaleza cumplan con los códigos de construcción y uso establecidos por la ley.
El 8 de abril no debe convertirse en una efeméride más.
El pueblo está vigilante, atento.
Quiera Dios que sea la justicia del Estado la que responda, y no la de la rabia de los deudos.
